Las zonas productoras rechazan la reforma de la Ley Antitabaco

«Creemos que supondría otro aprieto de tuercas al sector productor y transformador», afirma su secretario general, Ángel Andrés Hidalgo, para recordar después que en el norte de Cáceres se cultiva el 98% del tabaco que se produce en España.

«Desde hace décadas el sector genera más de 2.000 empleos directos a jornada completa, más todos los indirectos, fijando población. Otra vez vemos la doble moral de España y Bruselas, ya que el Estado ingresó casi 9.000 millones de euros por el impuesto del tabaco en 2024», señala.

En ese sentido añade que la producción y transformación del tabaco mantienen el «poco tejido industrial» de esas zonas, además de insistir en que no hay ningún cultivo alternativo en caso de que desaparezca.

Para terminar, el dirigente sindical recuerda que tanto el sector productor como las empresas transformadoras no siembran fumadores, y que esa, fumar, es una opción «libre y personal».

Talayuela, capital del tabaco

Por su parte el Ayuntamiento de Talayuela, capital del cultivo del tabaco, alerta de lo que la reforma «puede suponer para el empleo, la inversión y el impacto de vida en nuestro municipio. Creemos que el Anteproyecto no mira de frente la realidad económica de las cientos de familias que viven de este cultivo y pone en riesgo el futuro de nuestro pueblo y nuestra comarca. Además, es un trabajo que fija población y evita que el campo se abandone».

A su juicio, el Anteproyecto quiere tratar por igual a los productos sin combustión, como tabaco calentado, vapeadores o bolsas de nicotina, que a los cigarrillos de toda la vida.

«Meter todo en el mismo saco pasa por alto lo que dicen muchos estudios serios: que no son lo mismo y que no deberían llevar las mismas reglas. Para nuestras comarcas esa equiparación tiene dos efectos devastadores: congela la inversión en productos de nueva generación que piden hoja de alta calidad, como la nuestra, y hace tambalear la continuidad del cultivo, porque baja la demanda de hoja producida en España y abre la puerta a importaciones o mercado ilegal. Desde los ayuntamientos extremeños, en especial los que como el nuestro dependen de este cultivo, no podemos aceptar una política que pone en riesgo miles de empleos y acelera la despoblación».