Unidas por Navalmoral pide que se cumpla la Ley de Memoria Democrática de Extremadura

Valentín Tomé, pensativo, en el pleno /MAM
Valentín Tomé, pensativo, en el pleno / MAM

Su concejal, Valentín Tomé, recordó en el pleno que el municipio lleva doce años en situación de ilegalidad al incumplir la ley nacional

Miguel Ángel Marcos
MIGUEL ÁNGEL MARCOS

Valentín Tomé, concejal de Unidas por Navalmoral, se estrenó en el pleno instando al nuevo equipo de gobierno a que Navalmoral deje de estar situación de ilegalidad y cumpla lo antes posible la Ley de Memoria Democrática de Extremadura.

«Pero no ya por miedo a las posibles sanciones económicas, administrativas o jurídicas, sino por normalidad democrática y por un mínimo respeto a las personas que entregaron sus vidas en defensa de la democracia, que aquí fueron centenares», señaló a HOY.

Tomé recuerda que en enero pasado la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 1/2019, de Memoria Democrática, «que desarrolla y amplía los contenidos de la Ley estatal 52/2007, de Memoria Histórica, aprobada también por el gobierno socialista. Entre otras cuestiones, la ley regional contempla la retirada de subvenciones o ayudas económicas a los municipios que no hagan cumplimiento de la misma. Y además, en recientes declaraciones, la presidenta de Diputación, Rosario Cordero, aclaró que la institución que preside será totalmente escrupulosa con el espíritu de esta ley a la hora de conceder partidas económicas a los ayuntamientos de la provincia».

En ese sentido el también coordinador local de IU apunta que Navalmoral lleva doce años en situación de ilegalidad, «desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Por citar un ejemplo, en nuestro espacio público la toponimia callejera continúa homenajeando a reconocidos genocidas como Onésimo Redondo o Queipo de Llano».

Asimismo señala que en abril de 2017, IU presentó una moción para forzar la aplicación de la ley estatal, «como ya habían hecho muchos años antes la inmensa mayoría de municipios de este país», si bien fue retirada ante la negativa de los demás grupos a incorporar al debate las enmiendas introducidas por la propia IU «al existir dudas sobre la naturaleza penal de determinada toponimia, que fueron aclaradas en un informe por el Cronista de la Villa».

En ese mismo pleno, el grupo socialista presentó otra moción relativa a la aplicación de la misma ley, que a juicio de la coalición presentaba «serias lagunas jurídicas en su desarrollo» ante las «incomprensibles ausencias» del callejero a retirar de personajes destacados del Régimen como Sánchez Arjona, Secretario Nacional de Sindicatos y ministro de la Vivienda con Franco, o Agustín Carreño, nombrado Jefe Local del Movimiento al poco de producirse el golpe de Estado y alcalde de Navalmoral de 1942 a 1957.

«A pesar de ello, IU se abstuvo en la votación de la moción socialista por entender que lo urgente era devolver a nuestro municipio a la legalidad vigente, aunque fuese de manera parcial», dice, aunque la moción no salió adelante.

Valentín Tomé añade que la Ley de Memoria Democrática extremeña elimina todas las posibles ambigüedades de la ley estatal «y da la razón a la moción presentada por IU en 2017, porque ya no se trata tan solo de cambiar la toponimia callejera, sino también de retirar todo honor o distinción otorgada a cualquier personaje público relacionado con el golpe de estado del 36 o la posterior dictadura o de eliminar del espacio público cualquier vestigio arquitectónico vinculado con aquellos tristes sucesos».

Ruego en el pleno

Por ello, el nuevo edil no perdió el tiempo y en el primer pleno de la legislatura se interesó por las intenciones del gobierno municipal sobre la aplicación de la nueva ley.

«Para nuestra sorpresa, la alcaldesa afirmó que la ejecución de la ley nacional exigía previamente la existencia de un acuerdo plenario. Una afirmación que carece de la más mínima verosimilitud y que atenta contra los principios más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico. En un Estado de Derecho las leyes no se someten a debate o a votación, sino que se aplican. Y esa labor corresponde al poder ejecutivo, que esperamos lo haga cuanto antes en Navalmoral».