Valentín Tomé, concejal de Unidas por Navalmoral, dio a conocer a primera hora de la tarde del lunes la celebración, por la mañana, de la esperada comisión informativa solicitada por toda la oposición municipal en relación con la bolsa de horas extraordinarias de la Policía Local, y de la que no se ha dicho nada desde el Ayuntamiento.
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Tomé detalla en un comunicado los hechos que, a su juicio, «han quedado demostrados» tras el encuentro, al que asistieron el subinspector jefe y el Interventor municipal, además del concejal de Seguridad Ciudadana.
«Después de una reunión mantenida entre el equipo de gobierno de la anterior legislatura y representantes de la Policía Local el 15 de abril de este año, se elaboraron dos circulares con fecha 22 y 24 del mismo mes firmadas por la alcaldesa -con una valoración negativa previa por parte de Intervención- donde el Ayuntamiento crea una bolsa de horas para los agentes que decidan adscribirse a ella de manera voluntaria, a razón de 2.500 euros por 40 horas trabajadas. De la gestión de esa bolsa, se responsabiliza el propio subinspector», se dice.
El edil añade que en marzo y abril se abonaron cantidades de 250 y 500 euros a algunos de los agentes inscritos a la bolsa bajo el concepto de «productividad, interrumpiéndose después esos pagos ya que la Ley prohíbe abonos repetidos en el tiempo bajo este concepto».
Malestar en la plantilla
A pesar de ello, según las explicaciones del concejal de Unidas por Navalmoral, muchos agentes que cumplieron con ese límite máximo de 40 horas solo han recibido 750 euros. «Incluido el propio subinspector jefe, lo que provoca malestar entre varios agentes del cuerpo, que exigen que se les pague en su integridad la cantidad recogida en la circular, 2.500 euros por 40 horas trabajadas».
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A día de hoy, añade Valentín Tomé, el Ayuntamiento se encuentra en proceso de negociación con los representantes sindicales de los agentes para «estudiar cómo proceder al abono de las cantidades demandadas por estos últimos. De no haber acuerdo, es probable que los sindicatos interpongan un recurso contencioso-administrativo».
Para terminar, señala que después de todo lo relatado «ha quedado suficientemente claro quién o quiénes han faltado a la verdad en sus declaraciones, así como la gravedad manifiesta de los hechos acontecidos».
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