Trece años sin vivienda ni indemnización de la Junta de Extremadura

Un vecino de Navalmoral, Francisco Palacios, lleva 13 años sin poder acceder a la vivienda que heredó, junto a sus primos, de sus abuelos. Todo ello porque el bloque donde se ubica, propiedad de la Junta de Extremadura, fue declarado en ruinas en 1994 y tapiado en 2009 para evitar actos vandálicos.

Desde entonces han sido continuas sus llamadas telefónicas a Mérida y envío de correos electrónicos a la administración regional, buscando una solución que no ha recibido.

Todo lo que ha conseguido, rememora, es una visita de técnicos de la Junta, quienes le avanzaron que recibiría una indemnización «de seis o siete mil euros» por la vivienda, la única del bloque perteneciente a particulares. Compensación que no nunca llega, mientras que sí lo hacen los impuestos, como el IBI, que continúa pagando por una vivienda que no pueden disfrutar.

El resto de habitantes de los pisos, ubicados en la calle Juan Ramón Jiménez (conocidas como Grupo Girón), eran arrendatarios cuando hace ya 28 años se decretó el estado de ruina ante la aparición de grietas en la estructura, reubicando a los inquilinos en otras viviendas de promoción pública, en los barrios El Molinillo y Navarrosa.

Desalojo

Por el contrario, al ser el piso de los abuelos de Palacios en propiedad, no recibieron nada a cambio. O mejor dicho sí, el desalojo, a pesar del cual podían acceder a la vivienda, aunque no habitarla. Tras producirse el acceso de vándalos a algunas viviendas, a las que acudían regularmente, la Junta optó por tapiar los accesos para evitar accidentes.

«Un buen día vinimos a sacar algunas cosas y nos encontramos con que no podíamos entrar», recuerda.

Fue en el año 2019, iniciando entonces las gestiones para dar una salida a la situación. Llamadas, correos electrónicos, escritos, remisión de documentación, visita de peritos para constatar el estado de la misma, conversaciones con Urbanismo, Patrimonio… «Cada vez nos mandan a una persona distinta, sin resultado alguno», lamenta.

Entretanto, concluye, prosiguen abonando los cerca de 100 euros anuales en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles.