Opinión

Tractoradas, PAC y dignidad rural: ni tarifa plana ni abandono

Conviene partir de una premisa que debería compartir cualquier administración sensata: las ayudas públicas deben tener sentido, objetivo y un periodo de aplicación claro. Han de servir para potenciar, consolidar y acompañar sectores estratégicos hasta que puedan caminar con mayor autonomía.

Pero en el caso del campo, y muy especialmente del medio rural, ese acompañamiento no puede frenarse en seco, ni mucho menos aplicarse bajo esquemas de tarifa plana que ignoran las profundas diferencias territoriales, productivas y sociales.

No es una discusión nueva. Ya en el siglo XIX, cuando Joaquín Costa denunciaba la Oligarquía y Caciquísmo clamaba por «escuela y despensa» como base de la regeneración del país, advertía del riesgo de legislar de espaldas a la España Rural y dejar sectores estratégicos a su suerte. Más tarde, durante la construcción del Estado del bienestar europeo tras la Segunda Guerra Mundial, se entendió que la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial eran pilares estratégicos. La Política Agraria Comunitaria nació precisamente de esa convicción. Olvidarlo hoy sería un grave error histórico.

El mundo rural ha cambiado, y negarlo sería tan irresponsable como no adaptarse a ello. Mientras el sector agrario incorporaba mejoras técnicas, aumentaba el control y la exigencia medioambiental, profesionalizaba sus producciones, nuestros pueblos sufrían procesos de despoblación. Las nuevas generaciones buscaron, legítimamente, horizontes más seguros: menos dependencia de la climatología, menos oscilaciones de precios, menos burocracia asfixiante, menos plagas, menos problemas de mano de obra…menos sufrimiento.

Hoy, en mi pueblo y en tantos de Extremadura, el mapa laboral poco tiene que ver con el de hace treinta años. Hay jóvenes formados que teletrabajan para multinacionales desde sus casas; otros desarrollan su jornada principal en industrias agroalimentarias, logísticas, energéticas o de servicios; algunos compaginan estas ocupaciones con el mantenimiento de la explotación familiar agrícola o ganadera, muy especialmente ligada al cultivo del tabaco. Antes, casi todos vivían exclusivamente del campo; hoy son menos quienes cuidan de las mismas tierras, y eso debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas.

Todas las regiones no son iguales

Por eso, no podemos permitir que la PAC se aplique como si todas las regiones fueran iguales. No lo decimos ahora por primera vez. Ya advertimos que la llamada convergencia de la PAC podía convertirse en una auténtica trampa para territorios como los nuestros, donde la aplicación mecánica de modelos uniformes ha supuesto pérdidas de renta injustificadas para explotaciones medias, perfectamente profesionales y productivas.

Lo manifestamos en la anterior reforma y vuelve a ser necesario decirlo con claridad: no puede recibir lo mismo el cerealista francés del Valle del Loira que el tabaquero o el pimentonero del Campo Arañuelo o de La Vera; no se puede equiparar el olivar intensivo del Alentejo con el olivar tradicional de Gata o Ibores. La igualdad mal entendida acaba siendo profundamente injusta.

Cuando la convergencia se aplica sin equidad real, como ocurrió tras la reforma de 2013, el resultado no es simplificación ni justicia, sino reducciones acumuladas de ayudas que llegan a poner en riesgo la viabilidad de explotaciones familiares que generan empleo, fijan población y sostienen comarcas enteras.

Al igual que está ocurriendo con la financiación autonómica, la PAC debe incorporar factores correctores y fondos adicionales: fijación de población, generación de empleo, mantenimiento de los pueblos, cuidado del medio ambiente, respeto a la biodiversidad, buenas prácticas agronómicas y cumplimiento de requisitos que justifican sobradamente muchas de las ayudas. Todo ello con un objetivo claro: que la renta agraria no se vea mermada y que agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente de su trabajo.

El tabaco, un sector estratégico

En el caso concreto del cultivo de tabaco, sector estratégico en Extremadura, el panorama actual no invita al optimismo desde la propuesta de reforma de la PAC y sobre todo desde el ámbito autonómico. Insisto, no es la primera vez que advertimos de este riesgo. Ya en otras ocasiones he defendido públicamente que no se puede dejar en manos de la burocracia europea, sin trabajar desde Mérida y al albur de los mercados (y no precisamente Mercosur, que como se demostró en otras ocasiones, en nada nos afecta); no se puede actuar desde el capricho político sin una estrategia de unidad; la pasividad administrativa para un sector que necesitaba, y necesita, una pequeña pero decisiva ayuda de la administración para ser viable y competitivo, es hiriente.

El abandono político por parte de la Junta presidida por María Guardiola contrasta con etapas anteriores en las que sí hubo trabajo, planificación y compromiso. Conviene decirlo con rigor y justicia: con el presidente Guillermo Fernández Vara se consiguió la Región Tabaquera, demostrando que cuando hay voluntad política los resultados llegan.

También es justo reconocer que la acción del actual Gobierno de España se ha notado, y mucho, en la parte que le corresponde. La empresa pública Cetarsa está pagando precios dignos, los mejores de la historia del sector, reforzando una estabilidad largamente esperada y cumpliendo con la Ley de la Cadena Alimentaria. Este es el momento de repensar el sector, de creer en nuevas posibilidades y de conectar las capacidades de las empresas transformadoras con las inquietudes profesionales de los nuevos pobladores rurales.

Las reconversiones y modernizaciones que el sector tabaquero ha llevado a efecto en la última década con innovación, nuevas tecnologías y sobre todo con la imperiosa necesidad de unir al sector para ganar competitividad son el futuro del tabaco extremeño; sin tirar de nostalgia, sino con anticipación, cooperación y más modernización, no perderemos nuestra identidad ni arraigo territorial.

Las demandas del sector son claras y legítimas: Europa debe cuidar de su campo y de sus pueblos; el Ministerio debe atender con sensibilidad las especificidades de cada producción y la Junta debe comprometerse sin ambigüedades a defender el cultivo de tabaco y, con él, el empleo y la vida en nuestras comarcas.

La agricultura no necesita manipuladores ni consignas vacías. Necesita acompañamiento, inteligencia política y una visión clara de futuro. Sin campo no hay pueblos, y sin pueblos no hay nada.