Tirón de orejas a la Administración regional por el Dolmen de Guadalperal

El bajo nivel de las aguas de la presa puso al descubierto este monumento megalítico, que enseguida suscitó el interés de miles de visitantes y la polémica entre colectivos que abogaban por mover el conjunto monte arriba para mantenerlo fuera del agua cuando el nivel del agua subiese, y la Junta de Extremadura, que tras formar un comité de expertos decidió dejarlo en el lugar, por lo que volvió a quedar en el olvido, como había estado durante las últimas décadas (estaba sumergido desde el año 1963).

De ahí la solicitud que en su día cursó el Defensor del Pueblo -el dolmen emergió en agosto y en octubre volvió bajo las aguas- a la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, solicitando información sobre el estado de conservación del conjunto megalítico y de las medidas que tuviera previsto adoptar para garantizar su protección, encontrándose a la espera de recibir el mismo en el momento de elaborar su informe.

Así lo dice en su informe anual de 2019, documento en el que alerta de que «pese a un mandato constitucional, en no pocas ocasiones» debe recordar a las administraciones que la protección y el enriquecimiento del patrimonio artístico y arquitectónico «constituyen obligaciones fundamentales».

También fuera de Extremadura

De ahí el toque de atención a la consejería sobre el dolmen, haciendo hincapié en la obligación de protección del patrimonio no solo de este, sino de dos inmuebles más, ya fuera de la región.

Se trata de la ermita de Santa María la Antigua, el templo románico mudéjar más antiguo de Madrid, que precisa una rehabilitación urgente, y el Teatro Fleta, en Zaragoza, edificio protegido e incluido en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés, en deficiente estado de conservación.