El tejido económico local se une por la continuidad de la central nuclear

Durante las próximas semanas, esos establecimientos -desde pequeñas tiendas a negocios familiares de todos los sectores- exhibirán carteles que reclaman que Almaraz siga abierta.

«Empezamos con el compromiso de más de 400 comercios, pero queremos que esta acción sea como una mancha de aceite, que se vaya extendiendo. Hemos comenzado en el entorno más próximo a la central, pero iremos ampliando progresivamente la iniciativa a más municipios de la provincia, al conjunto de la región y, si es necesario, incluso más allá. Está abierta a todos los comercios que quieran apoyarnos, es una acción transversal y por encima de las ideologías», manifestó el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez Castilla, en la presentación.

Después Iván Hidalgo, de Comercio Moralo, señaló que cuentan con ellos desde un primer momento conscientes de la importancia que la central tiene para el sector.

A Julián García Derecho, de Red Mercantil, hasta le sorprendía que fuese necesaria una campaña para que la central no se cierre, no solo por lo que supone para la economía y el empleo de la comarca, y de toda Extremadura, sino por la situación mundial y la necesidad de garantizar el suministro energético.

Por su parte, Ramón Barbado, presidente del Círculo Empresarial, recordó que Navalmoral inició la década de los 70 del pasado siglo con 9.000 habitantes y que llegó a los 14.000 con su construcción.

«El boom que se vivió entonces podría darse ahora, a la inversa, si se cierra», señaló.

Una lucha común

De ahí la lucha de todos ellos por mantener abierta la central, empezando por el alcalde moralo, Enrique Hueso, que cifró en 5.000 los habitantes que podría perder Navalmoral si llegara a cerrarse.

Para terminar, los participantes en la rueda de prensa coincidieron en que la industrialización de la zona con los proyectos empresariales previstos pasa por no cerrar Almaraz, además de fijar el próximo 31 de octubre como fecha límite para tomar una decisión.

Aunque antes debe conocerse, en mayo o junio, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear ante la solicitud que han presentado las empresas propietarias para que la planta siga operativa hasta el año 2030.