

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres ha dictado una sentencia, que ya es firme, en la que condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros a María Elena Tovar Calderón y a Julia Irene Jara Tovar por la muerte de su esposo y padre, respectivamente. Leandro Jara Porras, que entonces tenía 60 años, falleció el 4 de febrero del 2019 por un error de diagnóstico del médico que estaba en ese momento en el centro de salud de Almaraz, J. J. G., y una desatención posterior.
Ese error conllevó, según el fallo judicial, la falta de respuesta inmediata al problema de salud que presentaba el paciente, un ictus hemorrágico, lo cual impidió dar la respuesta urgente que el caso requería, «privándole de la debida asistencia. O dicho de otra manera, se privó al paciente de la oportunidad de tener un tratamiento acorde a su padecimiento, la llamada pérdida de oportunidad».
Aquí se dice que es sabido que en el ámbito de la responsabilidad sanitaria se habla de pérdida de oportunidad, de vida o de curación «cuando en la asistencia médica correspondiente se ha omitido un diagnóstico adecuado, un tratamiento específico, el suministro de un concreto fármaco o una mayor celeridad en la actuación de tal modo que se habría privado al paciente, previsiblemente, de una mayor posibilidad de curación».
En febrero del 2019
Los hechos sucedieron el 4 de febrero de 2019, sobre las siete de la mañana, cuando María Elena Tovar se levantó para ir al cuarto de baño y vio que su esposo estaba bien. De hecho conversaron unos instantes.
Dos horas después, al irse a trabajar, vio a su cónyuge tumbado en el sofá y le dijo que se levantara. Se percató entonces de que había vomitado, por lo que telefoneó a una de sus hijas, Julia Irene Jara, quien se personó de inmediato en el domicilio familiar avisando al centro de salud almaraceño. Minutos más tarde llegó su otra hija, Aránzazu.
En cambio el médico de guardia no lo hizo hasta las 10,15 h., tras llamar tres veces requiriendo su presencia. En su visita el facultativo encontró al hombre inconsciente. Atribuyó su estado a una intoxicación etílica y se marchó. De hecho no volvió a visitar al enfermo a pesar de las reiteradas llamadas al centro de salud. Se limitó, ante la insistencia de los familiares, y ya pasadas las 14.00 h., a solicitar una ambulancia, que acudió sin ningún facultativo.
La ambulancia trasladó al enfermo al hospital Campo Arañuelo, donde ingresó en estado de coma. Falleció sobre las 18,44 h.
Detalle de la sentencia
La sentencia reconoce, por un lado, las pocas posibilidades de supervivencia de haber sido atendido a tiempo, basándose en un informe de la Inspección Médica según el cual la mortalidad de la hemorragia intracraneal es elevada, entre el 35% y el 52% a los 30 días, y la mitad de esas muertes ocurren dentro de los dos primeros días. Por eso el Juzgado, en base a ese informe, modula la indemnización solicitada por los familiares por medio de los servicios jurídicos que contrataron, GEJ Abogados de Navalmoral.
Pero también reconoce, y por ello condena al SES, que la actuación del médico fue de una «absoluta mala praxis, partiendo de un mal pronóstico y posteriormente de una desatención evidente».
«Los familiares llegaron a realizar entre 10 y 15 llamadas al centro de salud de Almaraz, siendo atendidos unas veces por la telefonista y otra por el ATS, pero nunca por el médico, sin que ningún sanitario acudiera al domicilio del paciente, salvo la primera asistencia en la que se diagnosticó que era una intoxicación etílica cuando estaba siendo un ictus hemorrágico con el resultado final de muerte».
Queda probado, según el fallo del tribunal cacereño, que el médico en cuestión no solamente incurrió en un error de diagnóstico, sino en una «absoluta desatención médica, privando al paciente de poder haber tenido una asistencia urgente en un centro especializado, por lo que dicha actuación mermó las posibilidad terapéuticas, con la consecuencia final de su fallecimiento».
Mucho daño a la familia
«Nos ha hecho mucho daño ver morir así a nuestro padre, abandonado por la sanidad y poniendo en duda su honorabilidad al decir que tenía un coma etílico. La indemnización nos importa poco. Solo queríamos que se reconociera que las cosas se hicieron mal para que no vuelva a repetirse y otras familias no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros» , manifestaron a HOY las hijas del fallecido.
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