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El sector tabaquero apela a la unidad para garantizar su futuro ante los nuevos retos

Junta de Extremadura, ayuntamientos, organizaciones agrarias y empresas de toda la cadena de valor participan en la plenaria de la Mesa del Tabaco

Foto de familia de los participantes en el encuentro
Miguel Ángel Marcos

La Mesa del Tabaco reunió el miércoles en Jarandilla de la Vera a representantes institucionales, administraciones públicas, organizaciones agrarias y empresas de toda la cadena ... de valor del sector en una reunión plenaria para analizar el contexto actual y abordar los principales retos que marcarán su futuro.

La unidad del sector, el relevo generacional, la necesidad de un marco normativo estable, que se escuche en Madrid y en Bruselas a los municipios tabaqueros y a los propios tabaqueros o el empleo que genera para evitar la despoblación fueron argumentos repetidos por parte de los oradores.

Éstos también insistieron que las comarcas tabaqueras producen tabaco y no fumadores y que mientras sea un producto legal los agricultores son tan profesionales como los de cualquier otro sector y merecen el mismo respeto.

Así lo manifestó, entre otros, el alcalde anfitrión, Fermín Encabo, tabaquero y procedente de familia tabaquera, para apuntar después que en el Campo Arañuelo y la Vera mucha gente vive del tabaco, no solo el tabaquero.

«Hay una cadena detrás del tabaquero bastante larga y esa cadena tiene que estar bien engrasada. Pero el primer eslabón es el tabaquero y como él fallara, esa cadena no funcionaría y pondría en peligro el resto. E incluso a los ayuntamientos, porque podríamos perder mucha población y no deberíamos permitir que las personas tuvieran que emigrar, sobre todo los jóvenes».

Encabo compartió a continuación una mesa de debate con alcaldes de poblaciones tabaqueras, como Luis Miguel Núñez, de Jaraíz de la Vera; Javier García, de Aldeanueva; Aniceto González, de Majadas de Tiétar, y Roberto Baños, de Talayuela, además de Laura González, alcaldesa de Tiétar, para analizar el papel que desempeña el cultivo en el desarrollo económico y el empleo en sus poblaciones y en el conjunto de la región.

A los alcaldes le siguieron la intervención del presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar, y de varios técnicos de la compañía sobre la modernización del sector y una nueva mesa de diálogo, ahora con representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA.

El acto lo cerraron el presidente de la Mesa del Tabaco, Gonzalo Salafranca, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, éste para mostrar su apoyo total a un sector que cree tiene una «importancia estratégica» para Extremadura, y no solo por su peso productivo, sino por su contribución al empleo, la actividad económica y la cohesión territorial en las comarcas rurales.

«En un momento de transformación regulatoria y de nuevos retos para el sector primario, es imprescindible escuchar a los agricultores, analizar con rigor el impacto de cada medida y trabajar desde el diálogo para que la evolución normativa sea compatible con el futuro de los territorios productores», dijo.

En ese sentido advirtió que aunque siempre se eche la culpa a Bruselas de los problemas que afectan al tabaco, también tiene su responsabilidad el Gobierno central al llevar al extremo las normativas que establece.

Directivas europeas

Uno de los principales asuntos abordados durante la plenaria fue el proceso de revisión del marco normativo europeo del tabaco impulsado por la Comisión Europea, que incluye la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y la Directiva de Publicidad del Tabaco (TAD).

Un proceso que marcará la evolución del marco regulatorio durante los próximos años y sobre el que la directora general de la Mesa, Águeda García-Agulló, señaló que esa revisión debe avanzar hacia una regulación basada en la «evidencia científica, proporcionada y coherente con la realidad del sector».

En la jornada se recordó que Extremadura concentra el 99% del cultivo y la primera transformación del tabaco en España; que genera un impacto económico de 126 millones de euros y que sostiene alrededor de 2.000 empleos y 20.000 familias en la región.

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