El PP recoge firmas de apoyo a una propuesta popular a nivel nacional contra la ocupación ilegal

Concejales y dirigentes del PP han empezado a recoger firmas entre los vecinos para apoyar una propuesta de la formación a nivel nacional contra la ocupación ilegal y en defensa de la propiedad privada.

«Ayúdanos a parar las okupaciones ilegales, una lacra social que cada vez afecta a más familias que ven como los okupas actúan de forma impune sin que haya una respuesta firme que garantice sus derechos básicos», se dice en el impreso en el que se pueden estampar las firmas.

En esa propuesta se plantea que se pueda desalojar a los okupas en 12 horas; que la ocupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años y la incitación, de 3 meses a 1 año; que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas okupadas ilegalmente y, finalmente, defender la convivencia y la seguridad.

Todo ello se detalla en la propuesta que el PP local ha presentado para su debate en el pleno, previo paso por la comisión informativa de Seguridad Ciudadana, para que se defienda «el derecho a la propiedad privada contra la ocupación ilegal de viviendas, pues diariamente se producen 41 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles».

Según explican en un comunicado, en el último quinquenio la ocupación ilegal de viviendas creció un 58%: de 7.739 casos denunciados en 2013 se pasó a 12.214 en 2018 y, «solo entre los meses de enero y junio de 2020, hubo ya 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado», según el Ministerio del Interior. Ahora mismo se estima que hay unas 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España.

«Tras este fenómeno proliferan bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente», añaden.

De ahí que el PP haya presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para «reforzar el concepto de domicilio y ligarlo al legítimo propietario, poseedor o titular frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero».

Detalles de la proposición

Dicha proposición de ley, de salir adelante, permitirá que la autoridad pública o sus agentes puedan desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas; considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agilizará el proceso penal para juzgar este tipo de actos y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal.

Además, refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal y las consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas como tapiar o cerrar puertas o ventanas. «Todo ello compatibilizándolo con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda», se dice.