Reclaman a la Junta 140.000 euros por el suicidio de una mujer
Nacida en Navalmoral, María Luisa L. L. se quitó la vida con 39 años cuando estaba ingresada en un centro psiquiátrico
El próximo día 25 tendrá lugar un juicio, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida, en donde se pedirán responsabilidades a la Junta de Extremadura por la muerte de una interna del Hospital Psiquiátrico de esa ciudad.
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La fallecida es María L. L. L. y había nacido en 1976 en Navalmoral de la Mata. Cuando falleció estaba tutelada por la Junta de Extremadura, por la consejería de Sanidad y Dependencia. Tenía esquizofrenia residual.
Los familiares, que han demandado a la Junta, señalan que María L. falleció como consecuencia de unos hechos que ocurrieron en el psiquiátrico el 18 de octubre de 2015, en el pabellón denominado 'Monesterio', cuando se encontraba en una habitación de aislamiento, inmovilizada con correas de sujeción y sometida a vigilancia. Aseguran que solamente estaba vestida con un pañal y que murió como consecuencia de la introducción en la boca, por ella misma, de trozos del pañal que llevaba puesto.
Cuando los trabajadores se dieron cuenta de lo que ocurría intentaron reanimarla, pero ya era demasiado tarde y falleció una semana después, el 24 de octubre, en el hospital de Mérida, después de estar todo este tiempo en coma irreversible.
Responsabilidades
La familia, que solicita una indemnización de 140.000 euros, ha señalado que han acudido a los tribunales porque quiere que se aclaren los hechos, «y no quede impune quien tenga responsabilidad».
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También indican que piden que se hagan realidad los cambios necesarios en estos centros para que no vuelva a ocurrir algo así. Por otra parte se muestran indignados porque la administración no se ha puesto en contacto con ellos para saber cómo se encontraban tras el suceso.
El abogado que les representa es el letrado cacereño Juan José Jiménez Bustamante, que señala que han interpuesto una demanda de recurso contencioso administrativo, una vez que se había archivado la causa penal, viendo que había sido María Luisa la que había acabado con su vida, pese a estar atada, al poder llevarse los trozos de pañal a la boca.
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«La familia de María Luisa -dice Bustamante - considera que los servicios sociosanitarios de la Junta podrían, presuntamente, no haber actuado correctamente; e incluso de una manera negligente no realizando el adecuado seguimiento y control de la enferma el día de los hechos y no haber seguido los protocolos pautados». Estaba vigilada porque ya había intentado quitarse la vida otras veces.
La Junta de Extremadura ha declinado pronunciarse sobre el caso al estar pendiente de resolución judicial.
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