Un proyecto infumable

Más allá de las afecciones particulares de cada propietario, el proyecto en superficie de la línea deja, en caso de que llegue a ejecutarse, una fractura irreversible en el tejido urbano de la ciudad, tanto en la fase de ejecución de las obras como en la obra terminada y por muchos años.

Las principales afecciones contempladas en el citado proyecto y sus repercusiones inmediatas, son las siguientes. Los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras se distinguen tres tipos de expropiaciones, forzosa, por imposición de servidumbres y por ocupaciones temporales.

Los terrenos y superficies afectados objeto de expropiación forzosa son, para el suelo rústico, un total de 514.013 metros cuadrados y, para el suelo urbano, 175.504 m2. La superficie afectada por servidumbres son 51.558 m2 y las ocupaciones temporales, 145.632 m2. El conjunto del término municipal afectado por todas las expropiaciones supone un total de 937.100 m2, de unos 136 propietarios de terrenos.

La primera afección importante que llama la atención en la documentación expuesta al público es que se rotula como 'ocupación temporal' gran parte del viario aledaño al trazado férreo. Algunas de estas vías intramuros (Calle Cartagena, Avenida San Isidro…) son hoy viales de primer orden, donde confluyen otros secundarios, que canalizan la práctica totalidad del tráfico rodado de la población en el entorno de la vía. Idéntica situación ocurre extramuros en la calle Colector y aledañas, entre el paso a nivel de San Isidro y el paso a nivel de Pablo Luengo e intramuros en el entorno del parque municipal (Paseo de los Mártires, calles Eduardo Lozano y aledañas).

El caso de la calle Colector es especialmente significativo puesto que existen industriales que desarrollan allí su actividad y que carecen de acceso alternativo, viendo comprometida su actividad durante la fase de ejecución de las obras, cuyo plazo no será inferior de 33 meses.

Estas afecciones temporales supondrían el colapso del tráfico rodado durante la ejecución de las obras, puesto que dejan gran parte del viario intramuros en fondo de saco (Avenida San Isidro y las calles Jenaro Cajal, Isabel La Católica y Pablo Luengo, Rio Guadiana y adyacentes), siendo una tarea prácticamente imposible reconducir todo este tráfico hacia el centro urbano. Como poco, Adif debería aportar los recorridos alternativos de las calles ocupadas durante la ejecución de la obra en un Estudio de Circulación del Tráfico rodado e incluso peatonal específico para los viales afectados por dichas expropiaciones u ocupaciones temporales.

Cuartel, parque municipal...

Entrando en lo propio de esta fase del procedimiento -las expropiaciones- llaman la atención, en el caso de las afecciones realizadas a terreno público, el caso del cuartel de la Guardia Civil y el borde norte del parque municipal Casto Lozano, donde se reflejan sendas expropiaciones para ampliar el vial existente. En el caso del cuartel se refleja una expropiación definitiva de 120 m2 coincidente con todo el frente de fachada de acceso al edificio que alberga tanto los servicios de seguridad ciudadana y administración como las viviendas de los agentes, sin que se especifique cómo se resuelve el nuevo acceso a este edificio.

Para el parque municipal, el proyecto de Adif contempla la expropiación forzosa de todo su recinto norte, frente a la estación de autobuses, en un fondo aproximado de 6 metros, que se destina a la ampliación del viario rodado para hacer posible el nuevo paso inferior de gálibo reducido proyectado bajo las vías del tren. Es decir, se expropian unos 450 m2 de zonas de juegos y arbolado del parque moralo para hacer posible el acceso y salida al paso inferior rodado proyectado por Adif entre la rotonda del Moya y la plaza de la Estación.

En cuanto a los espacios urbanos resultantes, el nuevo trazado de la carretera N-V, que se abre hacía el norte desplazando su trazado unos cientos de metros, genera un vacío urbano entre el vial actual (puente N-V, residencia San Miguel, IES Albalat y rotonda de Los Sauces) y el nuevo itinerario, en el que no se refleja ninguna acción expropiatoria ni intervención alguna, dejando estos terrenos como tierra de nadie sin ninguna actuación urbanizadora, quedando sin resolver incluso el acceso a los mismos.

En el entorno de este nuevo trazado de la N-V, se proyecta un paso elevado para salvar la Cañada Real del cordel sobre terrenos privados que se incluyen en el expediente de expropiación como suelo rústico pero que, atendiendo al planeamiento vigente, se trata de suelo urbanizable delimitado en sectores de actuación.

En lo que al aprovechamiento urbanístico se refiere, la solución proyectada en la calle Azalea (entorno del Centro de Profesores y residencia municipal) destroza literalmente las parcelas de la Unidad de Actuación actualmente desarrollada. Asímismo, en el entorno de la N-V, algunos propietarios ven comprometido el futuro desarrollo de sus terrenos, calificados como mixto, pues al expropiarles una parte significativa de la parcela, pierden la capacidad de transformar dicho suelo de uso industrial a uso residencial, con el perjuicio económico que esto supone al no contar tras las expropiaciones con la superficie mínima necesaria para autorizarse dicha transformación.

Por último, y sin duda la afección más importante que podemos encontrar en este proceso de expropiaciones, es el daño que este proyecto causa en el tejido empresarial. Un caso significativo que puede darnos idea de lo que este daño supone realmente es el complejo Moya, que pierde toda la playa de lavaderos de vehículos, aspirado y almacenaje, afectado por la expropiación definitiva para la construcción del paso soterrado de vehículos.

Pero de entre todas las afecciones de este proyecto infumable, hay una que no queda reflejada en los documentos expuestos a información pública: la expropiación de la vida cotidiana a más de 4.000 moralos que desarrollan sus actividades cotidianas extramuros. Por ellos y por el futuro de la ciudad, es necesario que unidos exijamos el soterramiento del tramo urbano de Navalmoral.