El pleno rechaza la propuesta del PP para endurecer las leyes contra la ocupación ilegal de viviendas

La ocupación ilegal atenta contra el derecho a la inviolabilidad del domicilio, contra el derecho a la vivienda y contra la propiedad privada que la Constitución Española ampara; un problema que altera la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes, y con el que proliferan bandas organizadas.

El problema es tal que el propio Gobierno de España aprobó en mayo la Ley 5/2018 para combatir en el ámbito civil esta lacra, pero resulta necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no se ampararen ningún tipo vacío legal. Y, para proteger a quien debe ser protegido en el libre ejercicio de sus derechos, ha de agilizarse el proceso penal, sancionar a quienes no respetan los derechos de los demás y devolver a sus propietarios la vivienda en un máximo de 12 horas.

Las medidas propuestas están dirigidas exclusivamente a defender los legítimos derechos de los vecinos, perseguir a los delincuentes y reforzar el apoyo y protección a aquellas personas y familias que atraviesan una situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.

Sorprendentemente, el PSOE votó en contra y dio cobertura a quienes no respetan ni la Constitución ni la Ley; alegando que era un problema residual y que no afectaba a Navalmoral, mostrando así una fatal indolencia y una dolorosa insolidaridad con quienes se ven desposeídos de sus derechos y propiedades.

En el debate, el portavoz del PSOE criticó que no hubiera viviendas para jóvenes y que la tasa de pobreza supere más del 30%, cuando resulta que es este partido el que está gobernando a nivel local, provincial y regional, y constituyen causas del despoblamiento extremeño.

La propuesta fue rechazada con ocho votos en contra (PSOE y Unidas por Navalmoral), seis a favor (PP y Extremeños) y dos abstenciones (Ciudadanos). Al pleno no pudo asistir el concejal de Vox, Jorge Martín.

Construcción del Tercer Juzgado

Uno de los ruegos y preguntas del grupo popular en el pleno fue pedir que se requiera al Ministerio de Justicia la construcción del Tercer Juzgado, obras que fueron prometidas en junio de 2018, sin que hasta la fecha se hayan iniciado. Este incomprensible retraso obliga a que el personal que sirve ese Juzgado -una juez, un secretario y seis funcionarios - estén aún ubicados de forma provisional en la planta baja del Palacio de Justicia, situación que no puede prorrogarse sine die.