El pleno aprueba una modificación de la ordenanza que regula el IBI

El pleno ordinario de noviembre, que se celebró en la noche del jueves, aprobó una modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para que no se beneficien de bonificaciones aquellos que no estén al día de sus obligaciones de pago.

Según explicó el concejal de Hacienda, Alain Rodríguez Quirós, aunque supone una parte ínfima del presupuesto del Ayuntamiento se trata de una medida propuesta por los técnicos municipales para evitar una «injusticia y un agravio comparativo» hacia aquellos que sí están al día, y que apoya el equipo de gobierno.

También lo hicieron el resto de los grupos presentes en la Corporación, salvo Ciudadanos, que votó en contra. Pero no por la modificación en sí, sino porque el gobierno municipal no había incluido en la misma las bonificaciones del IBI y del precio del suelo industrial que ellos plantean en el acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE en junio.

«Se hubiera evitado tener que hacer otro procedimiento administrativo y ganado tiempo de hacerlo todo de una vez», dijo el portavoz de la formación naranja, Ángel Muñoz, a quien la alcaldesa respondió que no lo habían solicitado.

Ahí se evidenciaron diferencias entre ambos sobre cómo debe cumplirse el acuerdo, ya que mientras la alcaldesa, Raquel Medina, cree que Ciudadanos debe trabajar cada uno de los puntos para que salgan adelante, el concejal entiende que debe ser el equipo de gobierno quien lo haga.

Más diferencias

Pero también se generó un debate entre los grupos sobre esa posible bonificación, de hasta el 95% para las empresas de nueva implantación que creen empleo. Aquí el concejal de Unidas por Navalmoral, Valentín Tomé, cree que no sería lógico, incluso ni legal, que se aprovechen de esa medida grandes empresas que si tienen más trabajadores es porque tienen más beneficios. Por el contrario, Ángel Muñoz, defendió que se trata de atraer empresas y generar empleo.

La alcaldesa recordó que ahora mismo es solo una propuesta que deben estudiar los técnicos municipales para ver si es posible y que todo se ajuste a la legalidad, mientras que Roberto García, del PP, dijo que a ellos les gustaría participar en el estudio, por considerar positivo todo lo que se haga para ayudar a crear empleo.