La plataforma No al Muro vuelve a recurrir al Defensor del Pueblo
Siguen sin saber, cuatro años después, quién autorizó que la Guardia Civil entrara al Ayuntamiento cuando iban a protestar en un pleno
La plataforma ciudadana No al Muro, Sí al Bulevar, muy 'calmada' en los últimos tiempos ante la realidad de la situación, pero muy activa en ... los primeros momentos rechazando las obras del tren en superficie, sigue preguntándose, cuatro años después, quién autorizó la entrada de la Guardia Civil al Ayuntamiento cuando iban a protestar en un pleno contra esa actuación.
De ahí que hayan vuelto a dirigirse al Defensor del Pueblo para saberlo. «Seguimos pidiendo explicaciones, dado que las respuestas recibidas no se ajustan a los hechos acaecidos y denunciados», afirman.
El colectivo critica que hayan tardado más de cuatro años en tener una respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres tras la denuncia que presentaron en su día por lo que consideraron un intento de «intimidación social a la entrada del pleno del 10 de febrero de 2022». Y eso, aseguran, porque ha intervenido el Defensor del Pueblo.
«Nos congratulamos de que la queja enviada el 25 de abril de 2023 acerca de las actuaciones de la Guardia Civil, pidiendo documentación a la entrada del Consistorio para asistir al pleno, haya servido para que sigamos teniendo confianza en las instituciones democráticas», dicen en un comunicado.
El Defensor del Pueblo consideró, añaden, que la queja presentada por la plataforma reunía los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 3/1981, a fin de que el expediente no se archivara.
Total desacuerdo
Sin embargo, la respuesta recibida de la Subdelegación del Gobierno no les convence. En especial el informe de la Comandante Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres sobre el que muestran su «total desacuerdo», puesto que no habían convocado ese día ninguna manifestación.
«Desde octubre de 2021 acudíamos a los plenos en los que hacíamos preguntas dirigidas a la alcaldesa, Raquel Medina. Como en ocasiones anteriores se trataba de asistir como ciudadanos al desarrollo del pleno y ese día coincidimos con policías locales que se manifestaron en la plaza reivindicando derechos laborales. A ellos no les pidieron documentación. Por tanto, la petición de documentación a los componentes de la plataforma fue ilegal e improcedente», afirman.
De ahí que hayan enviado una copia del escrito de la Subdelegación del Gobierno al Defensor del Pueblo, para que garantice sus derechos.
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