«Me pegaron en el trabajo, pero el Ayuntamiento no me paga el abogado», dice Martín García Toro

Desamparado y decepcionado. Así es como asegura sentirse Martín García Toro, encargado de obras del Ayuntamiento de Navalmoral desde hace más de 40 años, por el trato que asegura está recibiendo del gobierno municipal. La decepción le viene al no reconocer el Consistorio el derecho a la defensa jurídica contemplado en el acuerdo-convenio de la entidad con sus empleados por sucesos acaecidos en su puesto de trabajo.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2019 -según recuerda en un escrito presentado en el Registro General- cuando fue agredido por el marido de una empleada del Plan de Fomento de Empleo Agrario que estaba a su cargo, y a la que recriminó por no haberse reincorporado a su puesto tras asistir a una consulta médica.

Por ello interpuso una denuncia ante la Guardia Civil contra el agresor, a la vez que informó a la oficina de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, reclamando ante ella atención jurídica por el inminente juicio que se iba a celebrar. «Pero ante los silencios y largas por la parte política, me tuve que buscar un abogado a nivel particular», señala.

Una vez celebrado el juicio, con fallo favorable a Martín, explica que le toca abonar al jurista la parte de sus servicios –no comprendida en la condena a costas del denunciado- al no hacerlo el Ayuntamiento, «aún a sabiendas de lo ocurrido y del apoyo que recibí de mis compañeros, que se concentraron en plaza de España para solidarizarse conmigo y rechazar la agresión».

García Toro añade que por acuerdo de los abogados, recibió una indemnización de 1.900 euros por las lesiones que le causó la agresión en la frente. Sin embargo estima en unos 1.400 euros los costes que le ha supuesto el juicio entre el abogado, el procurador o los dos desplazamientos que tuvo que hacer a Plasencia. Y eso es lo que ha solicitado al Ayuntamiento y le han rechazado, aunque realmente serían unos 700 euros porque del resto reconoce no tener facturas porque no sabía que podía presentarlas.

La versión del Ayuntamiento es diferente, al asegurar que en su día pusieron a su disposición los servicios del gabinete jurídico que tiene contratado, pero que no aceptó y prefirió ir por otra vía. Algo que niega al afectado, añadiendo que no le quedó más remedio que buscarse un letrado tras varios intentos sin que le hicieran caso «y tengo testigos y lo puedo demostrar».

Decepción tras 41 años

Ese es el motivo por el que se siente desamparado. Después está la decepción, por entender que después de 41 años de servicio, y a solo unos meses de jubilarse, no merece el trato que está recibiendo.

«Hasta el punto que no me han preguntado nunca por mi estado después de la agresión», se lamenta.