La ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno se actualiza después de 50 años

Diez días hábiles tienen de plazo los vecinos que lo deseen, así como las organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma, para hacer llegar sus opiniones ante la modificación de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno que va a realizar el Ayuntamiento, puesto que la actual data de 1971 sin que se haya realizado cambio alguno.

En concreto, y con la finalidad de «mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas», se pide su opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas.

El Consistorio explica en el anuncio que ha publicado que se hace necesario «tramitar y aprobar un nuevo texto normativo, adaptado a la legislación vigente y a las circunstancias sociales, sanitarias y económicas del momento», dado que han transcurrido 50 años desde la entrada en vigor de la Ordenanza y no se ha hecho ninguna modificación en este periodo.

Por ello se procede a una nueva redacción a fin de dotarse de una regulación normativa «ajustada a las necesidades presentes y futuras del municipio y de la propia ciudadanía, adaptándola tanto a los nuevos comportamientos sociales y demandas ciudadanas en materia de convivencia como a los distintos cambios normativos producidos desde su entrada en vigor».

Asimismo se pretende «prevenir, disuadir y corregir las conductas incívicas que se puedan producir en los espacios públicos del municipio, a los efectos de garantizar la convivencia ciudadana y la paz social».

En ese sentido se dice que la modificación de la Ordenanza es necesaria ya que con ella «se dota de mayor seguridad jurídica a la norma, a efectos de evitar dudas interpretativas entre los diferentes operadores jurídicos y sus destinatarios, dado el desfase temporal existente en buena parte de su articulado, consiguiendo mayores garantías para la protección de los derechos, libertades y seguridad ciudadana».

Para terminar, se señala que la redacción del nuevo texto es una oportunidad para la «regulación de actos, conductas, situaciones y usos de los espacios públicos en situaciones de emergencia social o crisis sanitarias como la que se está padeciendo o pudieran darse en un futuro».

Sanciones económicas

El borrador del que ya se dispone se divide en derechos y deberes de la población, prohibiciones y limitaciones, ocupación de vía pública, protección del mobiliario urbano, policía urbana y régimen disciplinario. En éste último se recogen las infracciones, que pueden ser leves, con sanciones de 200 a 600 euros; graves, de 601 a 1.500 euros, y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros, aunque todo esto se confirmará una vez que se apruebe definitivamente.