La ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno se actualiza después de 50 años

En concreto, y con la finalidad de «mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas», se pide su opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas.

El Consistorio explica en el anuncio que ha publicado que se hace necesario «tramitar y aprobar un nuevo texto normativo, adaptado a la legislación vigente y a las circunstancias sociales, sanitarias y económicas del momento», dado que han transcurrido 50 años desde la entrada en vigor de la Ordenanza y no se ha hecho ninguna modificación en este periodo.

Por ello se procede a una nueva redacción a fin de dotarse de una regulación normativa «ajustada a las necesidades presentes y futuras del municipio y de la propia ciudadanía, adaptándola tanto a los nuevos comportamientos sociales y demandas ciudadanas en materia de convivencia como a los distintos cambios normativos producidos desde su entrada en vigor».

Asimismo se pretende «prevenir, disuadir y corregir las conductas incívicas que se puedan producir en los espacios públicos del municipio, a los efectos de garantizar la convivencia ciudadana y la paz social».

En ese sentido se dice que la modificación de la Ordenanza es necesaria ya que con ella «se dota de mayor seguridad jurídica a la norma, a efectos de evitar dudas interpretativas entre los diferentes operadores jurídicos y sus destinatarios, dado el desfase temporal existente en buena parte de su articulado, consiguiendo mayores garantías para la protección de los derechos, libertades y seguridad ciudadana».

Para terminar, se señala que la redacción del nuevo texto es una oportunidad para la «regulación de actos, conductas, situaciones y usos de los espacios públicos en situaciones de emergencia social o crisis sanitarias como la que se está padeciendo o pudieran darse en un futuro».

Sanciones económicas

El borrador del que ya se dispone se divide en derechos y deberes de la población, prohibiciones y limitaciones, ocupación de vía pública, protección del mobiliario urbano, policía urbana y régimen disciplinario. En éste último se recogen las infracciones, que pueden ser leves, con sanciones de 200 a 600 euros; graves, de 601 a 1.500 euros, y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros, aunque todo esto se confirmará una vez que se apruebe definitivamente.