Los ocho grandes ayuntamientos de la región tienen ahorrados 109 millones de euros

Los ayuntamientos de los ocho municipios más poblados de la región, entre ellos el de Navalmoral de la Mata, acumulan ahorros que superan los 109 millones de euros. Esa cantidad se encuentra en los bancos y, desde que el Gobierno de Rajoy, con su ministro Montoro a la cabeza, aprobó la Ley de Estabilidad Financiera (2012), ese dinero no se puede tocar. Son los denominados remanentes de tesorería.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abre una puerta a que los consistorios puedan utilizar en parte esos ahorros. Para alcaldes del PSOE (único partido que apoyó la propuesta en el seno de la FEMP), sin ser la mejor solución, es una opción aceptable. Para los regidores del PP, es una medida criticable e incluso hablan de «expropiación» a nivel nacional.

De forma general, el Gobierno permite que los ayuntamientos que lo deseen (es una medida voluntaria) puedan destinar parcialmente sus remanentes a determinadas iniciativas vinculadas con la atención a personas mayores o dependientes, escuelas infantiles o aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

Los consistorios deberán poner sus remanentes a disposición del Gobierno. Se los ofrecerán en forma de préstamo, y el Estado les devolverá el 100% de esos remanentes recibidos a lo largo de 15 años a partir de 2022, con el abono incluido de intereses. A cambio, el Estado repartirá 5.000 millones de forma proporcional al dinero entregado por cada consistorio.

Es la fórmula elegida por Hacienda para aumentar la capacidad de gasto e inversión de las entidad locales sin incurrir en déficit. Sin embargo, la alternativa divide a los ayuntamientos españoles y también a los principales municipios extremeños. Incluso los hay del PSOE, como Villanueva de la Serena, que no tiene previsto acogerse a esta fórmula.

Opiniones

Para el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso (PP), se trata de «una tomadura de pelo» porque «le tenemos que entregar parte de los ahorros al Gobierno y encima nos dicen en qué nos lo podemos gastar». Es un acuerdo que, según Fragoso, vulnera la autonomía municipal.

El Ayuntamiento pacense es el extremeño que más remanente tiene en los bancos, 62,7 millones. A pesar de las críticas, el Gobierno local pacense no descarta sumarse a él.

«No hay una decisión tomada sobre si acogerse o no. Hay que estudiarlo al detalle», se especifica desde el gabinete de prensa municipal.

Los socialistas Antonio Rodríguez Osuna y José Luis Quintana, alcaldes de Mérida y Don Benito, respectivamente, defienden de forma entusiasta la medida. Ambos ayuntamientos, donde el PSOE goza de mayoría absoluta, anuncian que usarán esa opción. Mérida contabiliza 11,1 millones y Don Benito, 8 (tenía 9 pero ya ha utilizado uno para medidas de apoyo frente a la crisis de la covid-19).

«Es sumamente importante el acuerdo porque afecta a todo tipo de ayuntamientos», valora Osuna. «Aquellos que formalicen una operación de préstamo con el Gobierno, recibirán hasta un 150 % más de lo que den. Si un ayuntamiento presta al Estado 3 millones, se le devolverían 4,5 millones al final de diez años». Quintana incide en esa idea, aunque Hacienda finalmente ha aumentado el período a 15 años.

«Es una forma magnífica de utilizar un dinero que, por la Ley de Montoro, no podemos disponer. Y encima nos lo devuelven con hasta un 35% de intereses», resume. El regidor dombenitense subraya que «la ley de Montoro se hizo pensando en un momento en el que los ayuntamientos estaban endeudados, con ayuntamientos en ruinas, pero la inmensa mayoría presentan ahora otra cara. Lo malo es que por la ley y por la modificación de la Constitución no hay manera legal de usar esos remanentes hasta que la FEMP y el Gobierno han ideado esta fórmula».

Desde el Ayuntamiento de Cáceres, el Gobierno de Luis Salaya (PSOE) recuerda que no es obligatorio acogerse a ese préstamo y que se marcan hasta el 15 de septiembre para estudiar qué hacer. En todo caso, el Consistorio adelanta que estaría interesado para compensar el déficit que la crisis sanitaria ha causado en el transporte público.

Los ayuntamientos de Navalmoral, Almendralejo y Villanueva de la Serena tampoco tienen la decisión tomada. El almendralejense que preside José María Ramírez (PSOE) es, de salida, favorable a la medida pero avanza que debe conocer todos los detalles para definir su postura.

En cambio, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), al frente de Villanueva de la Serena, se muestra, en principio, reacio.

«Supone una solución a medias porque la ley Montoro nos impide ir más allá. Nos gustaría poder disponer del remanente sin condiciones pero entre eso y no poder hacer nada es una solución intermedia», expresa Gallardo, que es también presidente de la Diputación de Badajoz.