El Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de las Mujeres animan a participar en las manifestaciones del 16 de mayo

Desde el el Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de las Mujeres se entiende que la lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad en la agenda de cualquier gobierno y, por eso, nos sumamos a la manifestación convocada por estas razones y algunas más.

Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias, a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las comunidades autónomas para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ordena (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación.

Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos, atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas.

Los 100 millones negados a las comunidades autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto.

En Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

En Sanidad no se aplicarán las medidas para centros de salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de Violencia de Género en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.

En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, si carecen de dinero, no pondrán en marcha el nuevo sistema -compartido por comunidades autónomas y entidades locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, asistencia personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.

Medidas de los ayuntamientos

Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del pacto.

En primer lugar a la medida 61, para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la contratación de personal para ello y garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o rural, peninsular o insular.

Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo Local integradas por dicho personal, la Policía o Guardia Civil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las víctimas a la Policía Local.

Hay 1.447.687 mujeres, el 7,2% de la población femenina mayor de 16 años en España, que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja (Macroencuesta 2015). De ellas 120.641 en el último año: 48.256 por violación, de las que sólo se denuncian 1.300 anuales, el 4%, y 72.384 otras agresiones sexuales.

Hay una mala respuesta judicial, no hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de prácticas machistas y violentas.