IU considera "bochornoso y sonrojante" el último pleno en relación con la Memoria Histórica

La conocida como Ley Memoria Histórica, en adelante LMH, aprobada hace ya diez años, dice algo tan elemental, que para cualquier demócrata forma parte de su sentido común como ciudadano, como lo siguiente: Todas aquellas personas o hechos que hayan promovido el golpe de Estado, participado en él o hayan contribuido a la perpetuación de la posterior dictadura franquista, no tienen cabida en un espacio público que debe ser puramente democrático como el actual.

En algunos foros hemos podido leer que nuestra moción omite conscientemente el artículo 1 de esta ley con el fin de provocar la confrontación desde el sectarismo. Esto sólo puede ser predicado desde la mala fe o desde una ignorancia supina. Este artículo es de mera naturaleza declarativa, es decir una justificación jurídica al articulado posterior donde poco a poco se van concretando los artículos coercitivos o imperativos; es decir aquéllos que establecen de manera nítida cuáles son las medidas concretas a aplicar a la hora de dar ejecución a esta Ley. En este sentido, es el artículo 15, el recogido en nuestra moción, el que establece unas pautas claras de actuación. Así lo ha entendido también el PSOE, que en su moción no hace referencia al artículo 1 por carecer éste de gramática normativa (de hecho, de su única lectura se podría concluir las tesis más variopintas y contradictorias).

La LMH guarda, por lo tanto, más relación con los valores éticos y ciudadanos que con los juicios histórico-políticos; hecho este último que en un Estado de Derecho como el que disfrutamos, sería responsabilidad única del sistema judicial, y que esta ley no contempla (cuestión que sí se ha desarrollado en otros países que han sufrido dictaduras una vez restaurada la democracia). No es necesario recordar aquí, el infortunio sufrido por el juez Baltasar Garzón cuando decidió iniciar una investigación sobre los crímenes cometidos por el franquismo.

Hemos oído en algunas intervenciones plenarias que esta ley, esgrimiendo el artículo 1 antes citado, no debe conducir a enfrentamientos o la apertura de viejas heridas. Nuestra respuesta en este sentido no puede ser más contundente: para abrir heridas, éstas han debido estar antes previamente cerradas, cuestión ésta que sólo es posible si se tiene la valentía de mirar a la Historia cara a cara para así delimitar de manera clara qué valores de ese pasado son los que deseamos preservar para el futuro. Colocándonos en una posición de falsa equidistancia, argumentando que todos los ideales son igual de válidos (una posición propia del relativismo extremo) no seremos nunca una sociedad madura democráticamente. ¿Qué ideales deseamos transmitir a nuestras futuras generaciones?. Ese es el objetivo último de la LMH.

Durante la sesión plenaria, algunos ediles aseguraban no ser expertos historiadores para decidir qué debía ser retirado o qué debía permanecer en el espacio público. Como decíamos anteriormente esto tiene que ver más con la Ética y los valores ciudadanos que con la Historia. De todas formas, si lo que deseaban era ampliar su conocimiento sobre esta etapa de nuestro pasado reciente, podrían haber visitado la exposición 'Todos los nombres', coordinada por historiadores de amplio prestigio académico como Paul Preston o Josep Fontana, donde, entre otras cosas, tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios escalofriantes de experiencias vividas por vecinos de la zona durante el franquismo. Si bien, es probable, que a tenor de las valoraciones allí pronunciadas, prefieran ser guiados en su recorrido por la Historia por pseudohistoriadores, marginales en el mundo académico, como Pío Moa o César Vidal.

En el salón de plenos, reflejo institucional de la voluntad democrática, quedaron registradas para la posteridad aquella tarde aseveraciones que se califican por sí solas, como las siguientes: "¡Esta Ley no hace referencia alguna a la Dictadura!"; "¡La plaza Alberti disgusta a muchos moralos!"; "¡Los suyos (refiriéndose a nuestro concejal) bombardearon Navalmoral en febrero del 37!"

Sin duda, la intervención del Partido Popular fue la más sensata de todas, pidiendo al PSOE la retirada de la moción e instándoles a que puesto que tienen responsabilidades de gobierno las asuman y ejecuten la Ley. Eso sí, no sin antes advertir que ésta no es de su agrado.

Siguiendo con la argumentación del PP, las leyes o se ejecutan en su integridad o carecen de sentido. Es por ello que no podíamos consentir que se introdujera en el debate plenario nuestra moción sin las enmiendas que la acompañaban. Enmiendas que fueron sustraídas del debate democrático en una votación celebrada en la comisión anterior, y que nos recuerda a tiempos como los referenciados en la LMH.

Tal y como evidenció nuestro concejal en su intervención, la moción socialista adolecía de importantes lagunas, cuestión ésta que por limitar la extensión de esta nota no vamos a analizar aquí pero cuya argumentación puede ser consultada por toda la ciudadanía en el acta plenaria. Simplemente, podemos añadir, por resaltar lo que debería ser obvio para cualquier ciudadano de bien, que cualquier persona que haya ocupado un cargo público de poder, sea éste de la naturaleza que sea, durante el franquismo, lo hizo jurando lealtad a los principios fascistas del Movimiento y por lo tanto su mención no tiene cabida en un callejero correspondiente a un entorno democrático como el actual.

Más aún si tenemos en cuenta que estos principios fueron impuestos en nuestro país después de un golpe de estado militar, dando lugar a una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que puso fin a un régimen democrático legalmente constituido como era la II República. Entre otras arbitrariedades, la moción socialista mantenía sin derogar los plenos en los que se rinde homenaje y honores a diversos personajes que ocuparon cargos públicos durante el franquismo, conserva en el espacio público la Cruz de los Caídos o plantea la posibilidad de colocar una placa en el cementerio municipal en homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil, igualando en valores éticos a aquellos que lucharon por la libertad y la democracia frente a los que lo hicieron con el fin de instaurar una dictadura de corte fascista

Países como Francia, Alemania o Italia han borrado hace ya muchos años de su espacio público (la ocupación del mismo sería considerado un homenaje) cualquier referencia a los colaboracionistas del régimen de Vichy, a los oficiales nazis o a los camisas negras. En sus calles y plazas sólo se conmemoran aquellos hechos o personas que lucharon contra el fascismo. Como ejemplo de madurez democrática, hemos podido ver recientemente como el Gobierno alemán, a través de su embajada, le solicita al español que proceda a la retirada de la placa homenaje a sus conciudadanos de la Legión del Cóndor que lucharon a favor del bando sublevado sita en el cementerio de la Almudena, por considerarlo una exaltación de los valores totalitarios.

Ley propia en Extremadura

Afortunadamente, aunque con lentitud, se van dando pequeños pasos hacia la memoria democrática. La semana pasada tuvimos conocimiento, a través de los medios, del borrador de la Ley por la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, su redacción nos llenaba de esperanza a muchos demócratas, y sin duda, estamos convencidos de ello, ayudará a poner fecha de caducidad a la situación de alegalidad que vivimos en nuestra localidad.

Después de 40 años de democracia, y 10 desde la aprobación de la LMH, aún nos despertamos cada mañana viendo como nuestro espacio público continua homenajeando a unos de los militares más sanguinarios del siglo XX: Queipo de Lano.