Miguel Ángel Marcos
Lunes, 24 de octubre 2016, 11:21
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El PP ha pedido al gobierno municipal que abone ya a la familia de Jorge Daza la parte proporcional que corresponde al Ayuntamiento de la indemnización que debe percibir por el accidente que sufrió en abril del 2012, al reconocer una parte de responsabilidad en el recurso que ha presentado a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres que fija la cantidad a abonar en casi 950.000 euros.
Así lo ha manifestado el secretario general de los populares moralos, Jaime Vega, por entender que "no hay que prolongar más el sufrimiento de la familia esperando hasta que se resuelva el recurso".
La cantidad que debería aportar el Ayuntamiento es de 615.000 euros, el 66,67% de la indemnización fijada por los tribunales, toda vez que esa es la parte de culpa que reconoce el Ayuntamiento, según señaló.
En ese sentido hay que recordar que en el pleno de septiembre se aprobó una modificación de crédito por importe de 300.000 euros para consignar esa cantidad que parece se hará esta semana- a la familia del joven que quedó tetrapléjico tras sufrir una descarga al apoyarse en un armario eléctrico cuando intentaba saltar la valla del colegio Campo Arañuelo.
A ello se sumarían los 150.000 euros adelantados ya por el seguro, por lo que el consistorio debería añadir unos 200.000 euros más.
Asimismo apuntó que una vez se falle el recurso el Ayuntamiento debe emprender las acciones legales oportunas para pedir responsabilidades a la empresa encargada del mantenimiento del cuadro eléctrico donde se produjo la descarga.
Igualmente criticó la falta de transparencia que, a su juicio, ha vuelto a demostrar el gobierno municipal, al no haberles facilitado ni la sentencia ni el recurso, que han conocido por el diario HOY.
Felicitación a la Guardia Civil
Con anterioridad el secretario general del PP local felicitó a la Guardia Civil por la actuación realizada en los últimos días al detener al presunto autor del incendio que quemó los cerros a mediados de agosto, poniendo en peligro no solo el patrimonio sino incluso "la vida de las personas".
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