El PSOE considera la concesión de ayudas para libros de texto y material escolar "un derecho de la ciudadanía"

Los socialistas recuerdan que estando en la oposición, y tras realizar varias campañas de recogida de material escolar en colaboración con las JJ SS, dijeron que el acceso a ese material debía ser un derecho de la ciudadanía y una obligación para las administraciones públicas, que son quienes deben facilitar a las familias las herramientas básicas para la educación en edad escolar.

En ese sentido recuerdan que no todas las personas disponen de las mismas posibilidades económicas, lo que, en su opinión, genera desigualdades en el acceso a la educación que han de ser remediadas por la administración, que debe favorecer el desarrollo personal de niños y niñas a través de la educación y lograr que puedan estudiar en las mejores condiciones posibles para acceder en igualdad de condiciones a quienes sufren algún tipo de desestructuración familiar por causas económicas.

Desde la Agrupación también se destaca que el gobierno municipal demuestre que las políticas y mejoras sociales se hacen cumpliendo las ordenanzas y destinando dinero a su cumplimiento, y no con grandilocuentes discursos sobre la desgracia humana y la compungida resignación de no hacer nada. Preferimos que el dinero público se destine a cubrir necesidades básicas de la población antes que a cubrir plazas de toros, afirman.

Evitar el fraude

Igualmente felicitan al gobierno municipal por imponer como requisitos para la percepción de la ayuda que se acuda a clase y se cuide el material, al considerar que resulta esencial trabajar contra el absentismo escolar y contra el fraude en las prestaciones sociales.

Y más en una época en la que muchas familias lo están pasando mal y las administraciones tienen que tratar de mitigar su angustia mediante actuaciones tendentes a garantizar el acceso a bienes básicos, que, en muchas ocasiones, se ven malogradas por quienes acceden a ellas a través del fraude colectivo o personal.

Para terminar se destaca que todo este proceso se haya hecho en coordinación con los centros escolares, que son los conocedores de la verdadera situación económica y social de las familias cuyos hijos se encuentran estudiando allí.