El PP presenta una moción en defensa de las instituciones provinciales

Desde el comienzo de nuestra democracia las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.

A lo largo de estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.

Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir la despoblación.

Las diputaciones provinciales, así como las diputaciones forales y los cabildos y consells insulares son verdaderas administraciones territoriales con competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la Constitución.

El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.

Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos que pasaría por la supresión de las diputaciones provinciales, el PP quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones provinciales e insulares.

Una defensa de las diputaciones provinciales que hasta hace muy pocas fechas era compartida por el PSOE, quien concurrió a las elecciones municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar la desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y transparentes:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015

Modernizar las diputaciones provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y ponerlas al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas.

Y hace apenas dos meses el PSOE insistía en su defensa de estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015

Modernizar las diputaciones provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, racionalidad y democracia.

Por todo lo anterior, el grupo municipal popular somete al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

Reivindicar el valor institucional de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.

Exigir al futuro Gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.

Valorar que el presente inmediato de las diputaciones, cabildos y consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás administraciones del Estado.