Es necesario un compromiso ético para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones

El verdadero problema no es la corrupción cuando aparece. El verdadero problema comienza cuando la sociedad se acostumbra a ella y la exigencia de ejemplaridad depende del color político de quien gobierna o cuando el silencio sustituye a la responsabilidad cívica.

La democracia no se debilita de un día para otro. Se deteriora lentamente al rebajar los niveles éticos de la vida pública, justificar lo injustificable porque lo hacen «los nuestros», o cuando se deja de exigir a sus representantes el mismo respeto a la Ley que se exige a cualquier trabajador, autónomo, funcionario, agricultor, empresario o profesional.

La corrupción nunca la pagan quienes se benefician de ella. Acaba soportándola la inmensa mayoría de ciudadanos que cada mañana abre un comercio, atiende una consulta, trabaja en una fábrica, conduce un camión, cultiva el campo o cuida de nuestros mayores. La pagan quienes sostienen con su esfuerzo e impuestos el funcionamiento de los servicios públicos y esperan, con toda legitimidad, que quienes administran esos recursos respondan con idéntica honestidad.

España se ha construido gracias al esfuerzo de una amplia clase media trabajadora que durante décadas ha levantado empresas, familias e instituciones. Ni esa mayoría, ni nadie merece resignarse al deterioro de la confianza pública ni aceptar como inevitable aquello que nunca debería convertirse en normal.

Un principio esencial

Por ello Liberales defiende un principio esencial: la confianza de los ciudadanos constituye el mayor patrimonio de una democracia y solo puede conservarse cuando el ejercicio de la actividad política y de las funciones públicas se inspira en la legalidad, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio al interés general. E invita a mantener un compromiso permanente con la defensa de esos valores.

Nuestra Constitución organiza instituciones y fija los límites del poder. Ninguna mayoría parlamentaria convierte en aceptable aquello que erosiona la confianza pública. La legitimidad democrática nace de las urnas, pero se mantiene únicamente mediante la conducta de quienes reciben el mandato de gobernar. Una democracia madura no se limita a votar cada cuatro años: exige, pregunta, fiscaliza y reclama responsabilidades cuando corresponde.

No pedimos a nadie que piense como nosotros. Pedimos que nadie reserve su conciencia para juzgar únicamente los errores del adversario político. La honestidad solo tiene valor cuando se exige con el mismo rigor a quien comparte nuestras ideas que a quien las combate. Cuando los hechos son probados, las sentencias firmes y los indicios siguen cayendo en cascada, la indiferencia deja de proteger la convivencia y comienza a proteger la degradación institucional.

La democracia no necesita ciudadanos resignados, sino libres, capaces de levantar la voz cuando las instituciones se apartan de los principios que les dan sentido. Personas que comprendan que la confianza pública no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido: pertenece a todos y cada uno de nosotros.

Aspiramos a recuperar una forma de entender la política en la que el poder nunca olvide que es un préstamo de los ciudadanos y que solo conserva su legitimidad mientras se ejerce con respeto a la Constitución, al Derecho y a la conciencia ética de una sociedad libre.