No al Muro recurre a Europa para parar las obras del tren

La plataforma ciudadana No al Muro avanzó días tras que a su presencia permanente en la calle y a la presión política para tratar de parar las obras del tren en superficie a su paso por el casco urbano iba a unir la vía jurídica, sin ofrecer más detalles. Ya lo ha hecho y no ante una instancia cualquiera. Ante la Fiscal General de la Unión Europea, Laura Kövesi, en un escrito firmado por Montserrat Zorraquino, que el colectivo asegura ha sido admitido a trámite.

Zorraquino, que es arquitecta colegiada, explica que el objeto del escrito es «la denuncia de un caso de injusticia social y un delito de malversación de fondos en una obra de infraestructura ferroviaria financiada con fondos europeos». Después ofrece datos sobre Navalmoral, su situación geográfica, su condición de cabecera de comarca como ciudad de servicios y la importancia que para su desarrollo ha tenido históricamente el ferrocarril.

A partir de ahí entra en el proyecto que está ejecutando ADIF de «un tren mixto (mercancías y pasajeros) de altas prestaciones y velocidad media (doble vía, electrificado y con ancho ibérico) que discurre por el trazado actual, en el que se cerrarán los dos pasos a nivel existentes, se flanquearán las vías por cerramientos laterales (muros) que aminoren las emisiones acústicas y en el que tanto los peatones como los vehículos pasarán por debajo de las vías».

Dicho proyecto fue licitado en febrero de 2022 e infringe, en opinión de la plataforma, la normativa de accesibilidad universal. «La barrera del ferrocarril en superficie ocasionará la separación de la zona norte y la sur del municipio ocasionando perjuicios y discriminación tanto para la población local como de las comarcas vecinas», además de apuntar que las conexiones viarias no cumplirán varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son salud y bienestar, igualdad de género, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y paz, justicia e instituciones sólidas.

«Financiándose dichas actuaciones por la Unión Europea Next-Generation EU, el proyecto de ADIF transgrede la normativa comunitaria en cuanto a sus fines, pudiéndose producir la malversación de fondos, estando obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La principal razón de los incumplimientos en la construcción del trazado en superficie reside en romper con la utilidad social de toda infraestructura pública».

Ahí enumeran que disuade e impide la llegada cómoda al tren respecto de aparcamientos, taxis y transporte público; implica una discriminación para toda la población en cuanto a los recorridos, ya que se producen recorridos peatonales extremadamente largos respecto de los recorridos en vehículo a motor; no contempla ninguna solución para los itinerarios de bicicletas o desconecta la ciudad deteriorando la cohesión social local y comarcal, impidiendo la accesibilidad universal y finalmente que rompe la conexión comercial del barrio del norte con el del sur«.

Asimismo recuerdan que la situación se ha denunciado en distintas instancias locales, autonómicas y nacionales «sin que se hayan adoptados los acuerdos necesarios para evitar que se lleve a cabo este proyecto», o en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Extremadura «haciendo caso omiso a los estudios realizados por el Colegio Oficial de Arquitectos y el Consejo de Colegios de Profesionales y el Consejo Superior de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura donde claramente se expone el incumplimiento legal del trazado en superficie».

Igualmente apuntan que en enero de 2019 todos los grupos municipales se unieron en una moción instando a la solución soterrada y que en octubre de 2020 un informe redactado por el arquitecto municipal «deja constancia de que el proyecto en superficie incumple los criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal e integración de género establecidos en la legislación nacional y autonómica relativa a la Ordenación Territorial y Urbanística».

El soterramiento, la alternativa

Frente a todo ello la alternativa que proponen es que el trazado ferroviario discurra soterrado por los 1,8 kilómetros de la parte urbana «y no hay dificultades técnicas ni económicas para no realizarlo. Incluso ahorraría costes municipales al integrarse sin obstáculos en la trama urbana actual y futura» y para demostrarlo adjuntan los informes técnicos citados.

Por último, Montserrat Zorraquino pide a la Fiscal General de la UE que admita el escrito y lo curse como denuncia y que, «tras las oportunas diligencias de investigación administrativa, se establezca la corrección de los presuntos incumplimientos y se acuerde, en su caso, la aplicación del procedimiento sancionador y elevación del asunto al Órgano Administrativo que proceda de acuerdo con las normas en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura».

También que se considere como parte en los procedimientos que se abran «a fin de ser informada de las actuaciones que se desarrollen».

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