No al Muro recoge alegaciones contra las expropiaciones del tren en superficie

Varios integrantes de la plataforma No al Muro, que rechaza la construcción del tren de alta velocidad en superficie, protagonizaron el viernes, en el entorno del Jardincillo, su concentración número 123 por el derecho a un 'tren necesario'.

Aunque en esta ocasión, además de insistir en el soterramiento de las vías, repartieron impresos para que los vecinos que lo deseen presenten alegaciones al procedimiento de información pública de expropiaciones del 'Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, tramo Arroyo Santa María-Navalmoral de la Mata'.

En esos impresos aseguran que en el procedimiento administrativo que se sigue se observan «incumplimientos graves» de la normativa vigente en cuanto a movilidad, accesibilidad, seguridad peatonal e integración de la perspectiva de género. Y ahí citan aspectos básicos de dichas normativas que creen se incumplen: movilidad sostenible, segregación social, recorridos peatonales discriminatorios, principio de distancias cortas, costes ambientales, secciones de viales, distancias a centros educativos y discriminación por perspectiva de género.

Asimismo especifican las normativas en las que, a su juicio, se producen esos incumplimientos. Van desde la Ley 11/2018 de 21 de diciembre de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura LOTUS hasta la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, al no dar respuesta a los objetivos 5, 10 y 11, pasando por el Decreto que aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal, la Orden de las normas técnicas para la integración de la dimensión de género o las órdenes de 1 de febrero y de 23 de julio que desarrollan el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Obras adjudicadas

Por todo ello, los firmantes de los escritos recogidos por No al Muro solicitan que sean admitidos y que se tomen en cuenta las alegaciones presentadas, pese a que las obras cuestionadas, de 6,8 kilómetros en su totalidad por el término municipal moralo, fueron adjudicadas semanas atrás a las empresas OHL y Ogensa con un coste de 70,7 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años.