El PP llevará al Tribunal de Cuentas el pago de horas extras a la Policía Local

El grupo popular municipal llevará ante el Tribunal de Cuentas el pago de horas extraordinarias a la plantilla de la Policía Local por parte de la alcaldesa, Raquel Medina, a pesar de los informes del Secretario e Interventor, quienes, según el PP, advirtieron que no se ajustaba a la legalidad vigente.

En un comunicado, el PP recuerda que seis antes de las elecciones de 2019 Raquel Medina «prometió pagar a la plantilla un sobresueldo de 500 euros al día, más salario, dietas y complementos, y reducirles las horas anuales a realizar, aumentándoles así los días de vacaciones o disfrute personal». Un acuerdo adoptado «de espaldas a los servicios técnicos del Ayuntamiento, que no pasaron por la mesa general de contratación ni respetaron el convenio laboral vigente y eran desconocidas para el resto de los grupos políticos y trabajadores municipales».

Además, prosiguen, un año después decidía abonar las cantidades pendientes, que ascienden a más de 25.000 euros, «razón por la que fue nuevamente advertida por el Interventor con otro escrito negativo, reparo que la alcaldesa volvió a ignorar y, el pasado mes de marzo, lo levantó con su equipo y ordenó el pago».

De ahí que consideren «reprochable» el proceder de la alcaldesa, quién «dispuso de los fondos públicos a escasos días de la convocatoria electoral como si fueran suyos y de forma antieconómica para las arcas locales», señalando que a pesar del pago, con posterioridad se cubrieron estos mismos servicios con policías de Trujillo y Plasencia.

Responder por sus actos

No obstante aclaran que, a su juicio, los policías deben cobrar lo prometido y la alcaldesa «responder por sus actos», lamentando que en el pleno de febrero «escondiera el nuevo reparo del Interventor, y que volviera a negarse a dar cuentas públicas de su sospechosa gestión de lo común».

Para concluir, los populares recuerdan que «al descubrirse en julio de 2019 tan opaca como inaudita administración» el equipo de gobierno bloqueó los pagos a los agentes por servicios «que sí se han prestado», creando un agravio comparativo y «obligando» a varios agentes a demandar al Ayuntamiento para percibir lo pactado.