Liberales devuelve al pleno la pregunta incómoda: «¿puede votarse contra la igualdad institucional?»

Era el expediente 10439/25. Y lo que se discutía era extremadamente sencillo. Que ningún concejal fuese tratado como un representante de segunda categoría. Que todos los grupos municipales pudiesen acceder en igualdad de condiciones a la información pública. Que las mociones no quedasen guardadas en cajones. Que los expedientes administrativos no llegasen antes a determinados medios de comunicación que los concejales elegidos por los vecinos. Que la participación política no dependiese de la comodidad que cada grupo genere al poder municipal. Nada más.

Pero a veces la política se retrata precisamente cuando alguien pide algo elemental. Durante meses, Liberales había denunciado obstáculos reiterados al acceso a documentación pública, retrasos injustificados, limitaciones singulares en la consulta de expedientes y exclusiones sistemáticas de distintos espacios institucionales. La moción presentada no pedía privilegios. Pedía exactamente lo contrario: que desaparecieran. Pedía cumplir la legislación municipal y con la Constitución. Y entonces llegó la votación: Liberales y Unidas por Navalmoral votaron a favor de la moción. El PSOE eligió abstenerse, y...

PP y Vox votaron en contra. El resultado objetivo de aquella votación fue rechazar una propuesta que incluía expresamente el cese de la discriminación institucional denunciada por Liberales y la garantía de igualdad en el acceso a la información pública municipal.

Y ahí apareció la verdadera fotografía política del pleno. Porque la democracia local empieza en esos detalles que algunos consideran menores: quién puede acceder a la información, quién puede fiscalizar, quién puede participar y quién debe esperar tras una puerta cerrada mientras los documentos circulan por otras vías.

No hay democracia sana cuando un representante público tiene más dificultades para acceder a un expediente municipal que determinados entornos informativos. No hay normalidad institucional cuando una mayoría decide cerrar filas frente a una petición de igualdad política básica. Y no existe legitimidad democrática para discriminar a un representante público por razón de su posición ideológica o por ejercer labores de fiscalización incómodas para el gobierno municipal.

La Constitución Española no deja espacio para la duda. El artículo 14 prohíbe la discriminación. El artículo 23 protege el derecho de participación política y el ejercicio efectivo de los cargos públicos en condiciones de igualdad. Y el artículo 9.3 prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos. No son frases ornamentales colocadas en una pared institucional. Son límites jurídicos y democráticos.

Nueva moción

Por eso Liberales ha registrado una nueva moción reclamando que el Ayuntamiento garantice expresamente la igualdad institucional entre todos los concejales, el acceso no discriminatorio a la información pública y el respeto efectivo a los derechos de participación política reconocidos por la Constitución y la legislación de régimen local.

La clase media trabajadora que sostiene este país no necesita administraciones encerradas en sí mismas ni guardianes de despacho administrando silencios. Necesita instituciones adultas. Transparentes. Fiscalizables. Instituciones donde el poder no tema ser controlado y donde pensar distinto no convierta a nadie en un representante incómodo al que aislar.

Porque la democracia empieza exactamente ahí. En respetar también al que discrepa. En aceptar también al que fiscaliza. Y en comprender que ninguna mayoría política está por encima de la Constitución.