El Juzgado admite la denuncia del PP local por la designación del candidato

Ese incumplimiento, unido a la falta de democracia interna frente al 'dedazo', es lo que ha llevado a los populares moralos a plantear la denuncia para «defender» al propio partido de decisiones de «caciques».

Así lo manifestó el viernes Jaime Vega, presidente del PP moralo y candidato propuesto por la junta local y rechazado por la provincial, visiblemente emocionado al final de su intervención al asegurar que no podía permitir que se desprecie de esta manera a un grupo de personas que lo único que ha hecho en los últimos años ha sido pelear por Navalmoral, desde la oposición, bajo las siglas del PP

Por eso no entiende bien esta situación. O tal vez sí, puesto que a preguntas de los informadores señaló que podría deberse a un tema personal con el presidente provincial, Laureano León, cuando en su día criticaron que desde el PP de Cáceres no se defendiera lo suficiente a Navalmoral y al Campo Arañuelo y rechazaron apoyarle en la renovación de su cargo «al no tener un proyecto para la comarca».

Defender la legalidad

Aunque al margen de diferencias personales, cree que de lo que se trata es de defender la legalidad y el cumplimiento de unos estatutos que rigen el funcionamiento de su partido, insistiendo en que de acuerdo a su articulado los comités electorales locales elaboran y proponen las candidaturas en poblaciones menores de 20.000 habitantes y el provincial las aprueba.

«Sin embargo aquí la decisión estaba tomada con mucha antelación, dado que ya en abril del 2022 el presidente provincial nos dijo que no contaba conmigo ni como presidente ni como candidato, lo que nos sorprendió bastante, respondiendo que eso incumplía los estatutos del partido. Pero le daba igual, como ha demostrado, imponiendo a un candidato, en contra de la decisión de la junta electoral local, que no ha pisado nunca la sede ni ha participado en ningún acto del partido».

De ahí su confianza en los tribunales, que han dado 20 días para presentar argumentos. En caso contrario tomarían una determinación, «porque lo que está mal, está mal», al tiempo que esperan que se pronuncien los comités regional y nacional de garantías, a los que también han trasladado lo sucedido.