Jueves, 28 de marzo 2024, 19:29
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«Es una cuestión de principios, más de si es elegido un candidato u otro; de defender la democracia y de respetar a las bases de los partidos para saber si su opinión debe ser tenida en cuenta o decide directamente quien manda en esos partidos aunque sea incumpliendo sus propios estatutos».
Así se expresaba el miércoles el concejal de Liberales y Moralos Jaime Vega, pero en su condición de abogado y portavoz de los afiliados del PP que impugnaron el «acuerdo interno para nombrar a los 18 candidatos a las elecciones municipales de mayo del año pasado». También como damnificado.
Porque lejos de finalizar su recorrido legal con la desestimación por parte del Juzgado nº 3 de Cáceres de la demanda que plantearon en su día, considera que el asunto irá mucho más allá. Primero pidiendo una aclaración de la sentencia y después apelando a la Audiencia Provincial, aunque, a su juicio, «al final será el Tribunal Supremo quien tenga que resolver estas cuestiones por la índole que está tratando».
En ese caso sería un procedimiento largo y desigual, «casi de David contra Goliat», al señalar que no tienen los mismos medios ni recursos doce militantes que el aparato de un apartado con implantación nacional. Pero en cambio tienen la «determinación, voluntad y certeza de que los derechos fundamentales son inalienables y se tienen que defender y respetar. Y no se respetan de forma automática. Hay que luchar por ello».
No entra al fondo del asunto
Para los demandantes, como ya se ha dicho, la sentencia no entra al fondo del asunto y deja sin juzgar «derechos recogidos en la Constitución. El fondo es si los miembros de un partido político tienen derechos o no. Si tienen que ejercerlos o puede haber alguien que los ejerza por ellos sin tenerlos en cuenta».
En ese sentido recordó que el comité electoral local propuso a primeros del 2023 su candidato a la alcaldía, que el comité provincial rechazó imponiendo otro nombre, el del ahora alcalde, Enrique Hueso. Eso llevó a Vega a preguntarse en varias ocasiones por el órgano que había elegido a los 17 restantes, cuando según los estatutos del PP es potestad de los órganos locales en poblaciones menores de 20.000 habitantes, como Navalmoral, y éste no había tenido ningún tipo de participación en la elaboración de la lista final.
«Estamos discutiendo si queremos una democracia plena o una democracia impuesta y si la democracia se hace desde la cúpula o desde la base de los partidos», señaló, además de apuntar que hasta la sentencia reconoce lo inusual de la situación. De ahí también su extrañeza porque les impongan las costas.
«Llama la atención que el propio Juzgado diga que es un caso que no había visto nunca antes, y que no se sabía muy bien cómo proceder al no estar regulado, y que aún así nos imponga las costas. Ese es otro motivo de la apelación, pero el menor».
Para terminar, Jaime Vega manifestó que la democracia no puede reducirse a que sea un dedo el que imponga su criterio en contra de unos estatutos que se habían modificado, precisamente, para dotar de mayor participación a las bases. «¿Nos creemos la democracia o no nos la creemos?. Ya va siendo hora de repensar el sistema», afirmó.
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