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Gómez de la Torre, autor del texto HOY
Opinión

Isla de Valdecañas: resolución salomónica

«¿Cuántas empresas habrán desestimado instalarse en la región ante las dudas que todo este proceso ha generado? ¿Cuántos se habrán preguntado qué tipo de industria se puede instalar en Extremadura que no moleste a los ecologistas?»

José María Gómez de la Torre

Miércoles, 5 de agosto 2020, 08:06

La justicia se ha pronunciado una vez más acerca de las medidas a llevar a cabo en la Isla de Valdecañas. En esta ocasión parece haber tomado en su fallo un camino más sensato, el del sentido común, —lo justo no siempre es lo que está de acuerdo con el literal cumplimiento de la ley— y permite la conservación de lo construido y terminado.

La sentencia no ha gustado a algunos ecologistas, que, inasequibles al desaliento, van a seguir dando la tabarra sin que se les pase por la mente que la ZEPA de Valdecañas no fue instituida en el quinto día de la creación, sino que es una resolución tomada por el hombre -bastante mal tomada por su generalización sin haber tenido en cuenta las distintas singularidades del territorio- treinta y tantos años después de que en esa zona del valle del Tajo se construyese la presa que dio origen a un gran lago artificial, y que cualquier decisión del hombre tiene, o debe tener, la posibilidad de su modificación total o parcial -o anulación si viene al caso-, si conviene o se estima beneficiosa para la sociedad.

Tal vez ese núcleo de ecologistas piense que la declaración de ZEPA imprime carácter a un territorio -en la línea que lo hacen los sacramentos del bautismo y del orden, que una vez recibidos no tienen vuelta atrás- o que, como los principios del Movimiento, son perennes e inmutables y, se den las circunstancias que se den a posteriori, ya no hay rectificación posible.

Para ese núcleo duro del ecologismo, el ser humano -tal vez por su carácter de racionalidad que le diferencia del resto del mundo animal- es una especie que no pertenece a la naturaleza, carente de derechos y que puestos en la remota posibilidad de que los tuviese deberán ser preteridos frente a los que conceden a cualquier otra especie animal, acuática o terrestre.

Así, cualquier obra o asentamiento humano puede ser invadido por un ser irracional sin que el hombre tenga derecho a expulsar al invasor viéndose obligado a aguantar los perjuicios que la invasión le produzca. Estos talibanecologistas son como las sandías negras, verde oscuro por fuera y rojo anarquista por dentro.

Baso esta afirmación en los extensos artículos que han escrito sobre el tema de la Isla de Valdecañas en los meses de diciembre y enero pasados.

En ellos no se percibe el verde carácter de defensores de la naturaleza ya que, siendo el motivo originador de esos artículos la defensa de un territorio 'expoliado' a una ZEPA, no dedican ni una sola palabra a la descripción del medio ambiente deteriorado, a la flora dañada o a la fauna perjudicada. Solo se nombran animales cuando, con «ánimus injuriandi», en uno de los artículos se habla de «el amplio muestrario de sanguijuelas, vampiros, tiburones y buitres que han poblado y pueblan la España de la corrupción urbanística».

De existir, su verde estaría más cerca del color negro que del color esmeralda. Aunque cabe otra explicación: saben que el territorio de la isla no albergaba ningún valor ecológico y que en ese aspecto no tiene defensa posible.

A lo que dedican mayor amplitud los artículos citados -escritos con el más rancio espíritu anarquista desfasado del siglo XIX- es a la crítica despiadada a los promotores y ocupantes de las instalaciones y chalés de la urbanización por un único motivo: son ricos, tienen dinero para comprar viviendas de quinientos cincuenta mil euros. Para estos ultraecologistas el problema radica en que «decenas de figuras vinculadas a la nobleza, a la banca o al mundo del espectáculo y del deporte... directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Rotschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE o Johns Lang Lasalle son algunos de sus moradores».

No olvidan lo más clásico de ese retrógrado anarquismo decimonónico: cualquier autoridad es una opresión al pueblo libre, haga lo que haga siempre estará equivocada, será corrupta y estará al servicio de las oligarquías: «en los tiempos de Ibarra el modelo de desarrollo pasaba por encima de los ecosistemas, por encima del mundo rural y por encima de los intereses del pueblo con una facilidad pasmosa. Todo estaba justificado para atraer capitales y CREAR EMPLEO, así, con mayúsculas, todo se decidía y se hacía con tanta naturalidad depredadora y extractiva que ha merecido que se acuñe un neologismo que designa a este tipo de política: «ibarrismo»».

Olvidan deliberadamente el mayor despropósito del 'ibarrismo' en materia del ecologismo: haber incluido un tercio de la superficie de la comunidad en la Red Natura 2000 de forma extensiva sin un análisis pormenorizado de las características de los diversos territorios.

De sus embestidas no se libra ni el parlamento regional, que «con los votos en coyunda del PSOE y del PP, aprueba una modificación de la Ley del suelo, exprofeso para validar retroactivamente el despropósito de Valdecañas».

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es una sentencia salomónica, mitad para evitar un serio perjuicio a la sociedad extremeña, mitad para contentar a un irreductible sector de ultraecologistas, a los que la ley les ha estado dando la razón porque no se siguió el proceso administrativo correcto y porque en su día se incluyeron como zonas de especial protección terrenos que no reunían características para ello.

Estudiar en detalle

No obstante, para evitar problemas como el originado en la Isla de Valdecañas, a tenor de lo que dice el Tribunal Supremo -«la jurisprudencia deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección»- la Junta de Extremadura debería estudiar en detalle toda la superficie clasificada como ZEPA o PIR y, siguiendo los procedimientos legales adecuados, quitar la que no reúna las características apropiadas. Aunque si retira de tal clasificación la mayor parte de la incluida actualmente tampoco pasará nada. Grullas y patos seguirán con sus hábitos migratorios y se establecerán en los lugares habituales sin que les preocupe si la zona es o no es ZEPA.

Los defensores de ese terreno sin valor ecológico alguno, incluido en la ZEPA de Valdecañas al hacer una calificación general sin un estudio detallado de la zona y excluido de la misma con un procedimiento administrativo no apropiado ¿se habrán parado a pensar en el daño que ha hecho a la Comunidad su empecinamiento de ultraecologismo? ¿Cuántas empresas habrán desestimado instalarse en la región ante las dudas que todo este proceso ha generado? ¿Cuántos se habrán preguntado qué tipo de industria se puede instalar en Extremadura que no moleste a los ecologistas?

Seguramente para ellos es mejor que vengan grullas y se vayan humanos, porque, según dicen, males del 'ibarrismo' a los que hay que oponerse, eran atraer capitales y crear empleo, males que llevan al pueblo extremeño a la situación descrita por Delibes en 'Los santos inocentes'. Y se lo creen.

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