«Las respuestas dadas sobre Almaraz no me parecieron suficientes», dice Francisco Castejón

El documento, añadían, «incorpora una de las valoraciones críticas más completas conocidas hasta la fecha desde el propio organismo encargado de velar por la seguridad nuclear», el CSN.

–¿Esto es así, señor Castejón?

–Pues sí, la verdad es que el Consejo ha hecho un esfuerzo grande para realizar una evaluación de la situación de seguridad de la central, pero ha habido dos elementos importantes de duda. Uno, la premura de tiempo con la que se ha hecho, porque había que hacerlo antes de la fecha de cese de explotación. Ha sido bastante deprisa. Y el segundo es la legislación vigente, que está pensada para renovaciones de diez años, acompasadas de una revisión periódica de seguridad, y aquí estamos hablando de una renovación de unos años. Entramos en un terreno desconocido para el esquema legislador que tenemos en España y estos dos elementos tan importantes han hecho que, desde mi punto de vista, haya incertidumbres que no se han tenido en cuenta a la hora de evaluar la seguridad de la central. Desde mi punto de vista, insisto, porque soy el único miembro del pleno que lo ve así, también hay que decirlo.

–Los colectivos antinucleares hablaban también de preocupación por la planificación de los recursos humanos y por el aplazamiento de inversiones relevantes para la seguridad...

–Lo más importante del todo es el esquema legislativo que no se ajusta a esta renovación. De hecho, no estaba estipulado en ningún sitio qué documentación debía entregarnos la central para renovar en este esquema fuera del plazo de diez años, con un plazo de un año y medio o dos años. O sea, que uno se pregunta también qué es lo que se busca con esa ampliación tan estrecha. Además de ese problema, la central ya se estaba preparando para el cierre. Se había planificado una reducción de inversiones notable de aquí a 2027, en un caso, y a 2028, en otro, y lo mismo una reducción del personal contratado, lógicamente. Porque si estás pensando en cerrar, no sacas nuevas plazas... Eso lo han corregido pensando en la ampliación, pero el margen de seguridad es realmente estrecho.

-¿Y eso, a su juicio, que supone?

-Que si surge cualquier problema, como la pandemia o la borrasca Filomena que ocurrió en los alrededores de Madrid y afectó a la central de Trillo, ese margen sería tan estrecho que sería insuficiente. Hay que dejar claro que tanto a nivel de inversiones como a nivel de recursos humanos está dentro de la legalidad, dentro de la norma, pero es demasiado apretado. Es mi opinión. Los otros miembros del Consejo piensan diferente. Yo hablo por mí mismo y no por el Consejo.

–Y si todo esto es así, ¿por qué formuló un voto particular y no votó en contra de prorrogar la actividad de la central?

–Porque en realidad la central estaba cumpliendo lo que la normativa le pide, y eso me dificultaba hacer un voto en contra. La verdad es que tuve dudas sobre qué hacer y al final pensé que era lo más justo desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de seguridad jurídica.

–¿El resto de los consejeros no tenían esas dudas?

–Pues no. De hecho, tuvimos un debate intenso los días anteriores y yo era el único que veía esas dudas y las sigo viendo, porque las respuestas que me han dado no me parecieron suficientes.

–Los colectivos antinucleares consideran que ese documento refuerza la posición que vienen defendiendo desde hace años, esto es cumplir el calendario de cierre acordado en 2019 entre el Gobierno, Enresa y las empresas propietarias y cerrar entre 2027 y 2028. ¿Piensa eso también?

–Es que yo no puedo manifestarme al respecto. Yo tengo una opinión privada sobre el tema, pero no puedo manifestarla públicamente, ni mucho menos debe afectar a mi juicio regulador. Sería injusto. Mi nivel ético me impide tomar posición sobre política energética, aunque otros consejeros sí lo hagan. No debo.

–Aquí debemos recordar que la labor de los consejeros (cinco) era elaborar el informe que se le ha solicitado desde el Gobierno, pero es el Ministerio el que decide (y ya lo ha hecho). O sea, que la decisión no estaba en manos del Consejo...

–Exactamente. Eso es un elemento muy importante que la gente tiene que entender, porque en muchos ámbitos, también en el ecologista, esto no se entiende. El Consejo de Seguridad Nuclear no puede opinar sobre elementos de política energética, inversiones, impuestos, si es más o menos caro... No es su competencia. Yo puedo tener mi opinión sobre el impacto que puede suponer la continuidad de Almaraz sobre el calendario de cierre, sobre la gestión de residuos, sobre diferentes elementos... Pero eso es independiente de lo que a mí me pide el Gobierno, que es emitir un informe sobre la seguridad de la central de Almaraz. Y ese informe es vinculante solo si es negativo. Si es positivo, el Gobierno tiene las manos libres para tomar una decisión no en base a elementos de seguridad, sino quizás a otros elementos, como política energética, gestión de la demanda o despliegue de renovables.

La entrevista con Francisco Castejón se cerraba preguntándole por la fecha en la que se iba a conocer la decisión del Ministerio, y sin pensar que sería tan inmediata, avanzaba que aún sin tener ninguna pista «iba a ser más pronto que tarde». Fue el viernes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.