«Tengo ayuda para la lavadora y no para la ortodoncia de mi hijo», dice Ana Moreno

Un problema de salud bucodental que requiere cirugía y, en la mayoría de los casos, también un tratamiento con ortodoncia.

«A los tres años ya le habían operado dos veces antes en China le abrieron el paladar y se lo cosieron bien en La Paz, hospital al que el SES me dio la opción de ir», recuerda Ana.

Después, a los siete años, le volvieron a intervenir en el mismo centro para corregirle el labio. «A partir de ahí tocaba la ortodoncia, pero no fue urgente hasta hace un año, cuando el cirujano maxilofacial que lleva a mi hijo dijo que había que empezar para ampliarle el paladar y posibilitar que los dientes salgan y se coloquen de forma correcta», declara la madre de José.

Sin embargo, este tratamiento, «que no es cuestión de estética sino de salud», deja claro Ana, no forma parte del catálogo de servicios del Plan de Asistencia Bucal Infantil de Extremadura (Padiex), por lo que se trata de un tratamiento, que a diferencia de las intervenciones quirúrgicas, no está financiado por la Seguridad Social.

«Cobro una pensión por invalidez de 700 euros y no puedo costear el tratamiento de mi hijo; por eso recurrí al SES, para ver si había alguna opción de solicitar ayuda o subvención para estos casos», señala Ana. «Pero me encontré con que no existen en Extremadura».

Se busca una solución

La Consejería de Sanidad confirma este extremo, como ya se lo había comunicado con anterioridad a la madre de José Dang. El decreto 195/2004, de 29 de diciembre, sobre asistencia dental a la población infantil de Extremadura, deja claro, en su artículo 9, que queda excluida la atención dental ortodóncica.

Pero Sanidad, para atender situaciones como la de esta familia, está estudiando con sus servicios jurídicos una solución.

«Desde el SES se están estudiando este y otros casos similares para ver si podemos dar una respuesta. El SES tiene dificultades legales para ofrecer estas prestaciones por no estar en su catálogo de servicios, ya que se vulneraría la ley. Pero somos sensibles a estos casos y estamos trabajando en una solución transversal que incluiría a Políticas Sociales», adelanta el departamento que dirige José María Vergeles.

Con el fin de encontrar una vía que permita ayudar a los menores que requieren tratamientos de ortodoncia por problemas de salud y sus familias no pueden hacer frente al coste.

Una solución en la que se tiene que definir cuál sería el protocolo para la inclusión de estos tratamientos, en qué casos estaría indicado, qué profesionales los realizarían, que límite de tratamiento se financiaría, como se harían los abonos, etcétera. Posiblemente cuestiones complejas para las que la Administración requiere un tiempo que no tienen las familias, porque en muchos casos sus necesidades no pueden esperar.

«Yo comencé a solicitar la ayuda a principios de año y sigo sin solución. Y hace cuatro meses que mi hijo tuvo que empezar, porque era necesario ya, con la ortodoncia; estoy financiando el tratamiento con la clínica dental», explica Ana María Moreno.

«Pero es que las cuentas no me salen y ya no sé qué hacer. De mi pensión de 700 euros, pago por la vivienda un alquiler de 250 euros en las Casas de Belvís, 170 euros del coche y ahora 242 al mes por la ortodoncia, ¿qué me queda si sumas agua, luz, comida...?», relata. «Creo de verdad que es una injusticia que yo pueda tener ayuda para cambiar la lavadora de mi casa y no para la ortodoncia de mi hijo».

Quiere contar su situación para solicitar al SES que acelere la respuesta. «No solo para ayudarme a mí, también a otras familias que están en mi misma situación», explica. «Ni pido ni reclamo que nos tengan que pagar todo el tratamiento, pero sí que nos posibiliten la opción de acudir a ayudas públicas en función de nuestros ingresos, nada más».

Subasta

Las Casas de Belvís, donde la familia reside hace un año aproximadamente, quiso ayudar a Ana. «Conocen mi situación y quisieron hacer una subasta para recaudar dinero y así colaborar con el tratamiento de José; es algo que agradezco mucho, pero me negué».

Argumenta que «la situación de mi hijo no es un caso aislado, hay otros como él, y creo que ayudar a las familias que lo necesitan no es una cuestión de caridad, porque estamos hablando de un problema de salud». Reitera que «al igual que hay subvenciones para cientos de cosas, para cambiar los muebles, quizás pueda haberlas para atender estas situaciones».

Ana Moreno dice que el tratamiento de su hijo no tiene plazo aún de finalización y que el coste global superará los 4.000 euros.