«El cultivo del tabaco es una actividad vital para la zona», asegura la presidenta de la Mesa del Tabaco

Águeda García-Agulló, presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco, destaca que en la primera transformación el 54% del empleo es femenino.

-¿Cómo contribuye social y económicamente el cultivo de tabaco a Extremadura?

-En Extremadura se cultiva el 98% del tabaco de España. Es una actividad vital en las zonas donde se desarrolla, pues fija la población en el ámbito rural y es su motor económico. Cada euro que se genera en el cultivo y la primera transformación se multiplica por 2,21 veces. Eso significa una aportación de 139 millones de euros anuales a la economía extremeña. Se confirma, a su vez, en un estudio de la Universidad de Extremadura, que concluye que el cultivo ayuda a fijar población. Sus municipios han conseguido mantenerla mientras que la provincia cacereña ha perdido un 28% en los últimos 50 años.

-Profundicemos en ese efecto dinamizador sobre otros ámbitos ¿Cómo se explica?

-El cultivo y primera transformación generan un valor directo en términos económicos y de empleo. Pero gracias a esa actividad se mueve la economía local. Pensemos en el agricultor que requiere de servicios (riego, maquinaria…), pero también utiliza energía para el secado del tabaco o como ciudadano realiza gasto en consumo. O la reconversión al uso de biomasa como combustible en los secaderos, con una inversión de 60 millones.

-Se destacae l importante papel de la actividad en cuanto a empleo femenino se refiere…

-Efectivamente, es relevante en la primera transformación donde el 54% de la plantilla es femenina. Las nuevas incorporaciones con perfiles cualificados facilitan su desarrollo profesional; en esta línea, las mujeres están presentes en el órgano de administración de Cetarsa.

- ¿En qué medida es el tabaco actividad medioambientalmente sostenible? ¿Cuál es su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

-El cultivo y primera transformación de tabaco español contribuye a la consecución de los ODS. Es un sector moderno, que invierte en tecnología y altamente especializado (ODS9 -Industria, innovación); el cultivo se realiza de forma respetuosa con el medio ambiente, certificada externamente (ODS 13 -Producción responsable y ODS7 -Energía no contaminante); además de favorecer el empleo femenino (ODS 10 -Reducción desigualdad de género), hay multitud de datos que reflejan su importante contribución en el mantenimiento de la población en los núcleos rurales (ODS11 -Sostenibilidad del medio rural) ypor lo tanto, para el fortalecimiento del tejido socio-económico.

-¿Cuáles son los principales retos a los que ahora se enfrenta el sector?

-En un sector como el nuestro, nos enfrentamos a un desafío constante, principalmente por el desarrollo de nueva legislación, ya que está muy regulado. Conviene tener en cuenta dónde nos encontramos: España se sitúa en los primeros puestos de la Unión Europea en cuanto a control de tabaco. Hablamos de espacios libres de humo, prohibición de publicidad, advertencias sanitarias, control en la venta… Nuestros principales retos regulatorios son fruto de cambios en la normativa sectorial, así como de la nueva regulación en materia medioambiental. Como sector seguimos innovando con nuevos productos del tabaco, como la tecnología de tabaco calentado. Estos productos requieren de un marco normativo diferenciado que responda a sus características específicas y una menor exposición a sustancias tóxicas basada en estudios científicos, como ya ocurre en otros países.

-¿Confía en el futuro del cultivo del tabaco en Europa en general y en Extremadura en particular?

-Sí, Extremadura cuenta con los recursos para mantener esta actividad. Confiamos, además, en que podrán mantenerse las ayudas al tabaco en la nueva Política Agraria Común. El tabaco es un sector muy interconectado en toda su larga cadena de valor en España. Por ello, como cualquier sector económico para operar necesitamos seguridad jurídica y esto solo se consigue si antes de abordar nueva regulación, se tiene en cuenta la legislación vigente, se acompasa la legislación española con la europea, se basa en datos objetivos y evidencia científica y, por supuesto, se cuenta con la necesaria participación de los sectores afectados.