Francisco Palacios lleva once años esperando una indemnización de la Junta

Once años sin poder acceder a un piso de su propiedad porque la Junta de Extremadura tapió los accesos al bloque de viviendas en el que se ubica, esperando una indemnización que no llega y mientras tanto pagando impuestos, como el IBI.

Así podría resumirse la última década de gestiones que Francisco Palacios, un vecino de Navalmoral, lleva sufriendo con la administración regional, intentando dar salida a una situación originada tras recibir en herencia el piso de su abuela, ubicado en un bloque en ruinas propiedad de la Junta.

El propio Palacios lo explicaba a HOY junto al edificio en cuestión, ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez y perteneciente al Grupo Girón, a pocos metros de la vía del tren.

«Se trata de un piso que los abuelos fueron pagando religiosamente. Llegado el momento decidieron comprarlo a la Junta, el mismo que años después hemos heredado los primos», señala.

En 1994 aparecieron unas grietas en la fachada y el bloque entero fue declarado en ruinas, viéndose obligadas las familias que allí vivían a marcharse. La Junta reubicó a la mayoría de sus ocupantes, que eran arrendatarios, en otros pisos propiedad de la administración, en los barrios de El Molinillo y Navarrosa.

Con el paso de los años algunos vándalos forzaron las puertas del portal y de varias viviendas, que se encontraban cerradas con llaves, cadenas y candados, accediendo de forma regular, por lo que la administración decidió tapiar los accesos para evitar accidentes.

«Un buen día vinimos a sacar algunas cosas del piso y nos encontramos con que no podíamos entrar», rememora. Corría el año 2009 y desde entonces comenzaron las gestiones, ofreciéndolos una indemnización «de 6.000 o 7.000 euros, que aún estamos esperando», lamenta.

Llamadas, correos...

En este tiempo las llamadas y correos han sido continuos, visita de peritos incluida. «Desde el principio nos están dando largas. He hablado con Urbanismo, con Patrimonio,… Cada vez nos mandan a una persona distinta, sin resultado alguno», señala.

En estos once años, según sus cuentas, lleva más de medio centenar de llamadas telefónicas y una docena larga de correos electrónicos y escritos aportando toda la documentación que le han pedido. «Y nada, así seguimos. Eso sí, el IBI, 80 euros, lo pagamos todos los años, por algo que no tenemos», concluye.