«No estamos en contra de la fábrica de baterías, sino todo lo contrario. Estamos a favor de sumar»

«¿Qué aportamos?», se preguntan en un comunicado elaborado con motivo de ese acto con varios motivos por los que entienden que la continuidad de la explotación de la central nuclear de Almaraz «debe ser un hecho».

El primero es que la central aporta el 7% de la producción eléctrica nacional «de manera segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente. Dentro de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares estamos en el percentil más alto en cuanto a criterios de funcionamiento, seguridad, gestión de procesos y fiabilidad y así lo avala el Consejo de Seguridad Nuclear con las revisiones periódicas de seguridad que establece, estando la central tecnológicamente actualizada para su funcionamiento durante un nuevo ciclo de diez años».

En otro punto, los trabajadores de la planta aseguran que no están en contra de la fábrica de baterías, sino todo lo contrario. Están a favor de sumar.

«Ambos tenemos un objetivo común en el proceso de descarbonización de nuestra sociedad según los objetivos de la Unión Europea, dentro de la taxonomía verde y libre de emisiones. Nos causa molestia el discurso de que la gigafactoria sustituirá en el entorno socioeconómico a la central nuclear para compensar su cierre, siendo necesario para la región la coexistencia de ambas industrias para el desarrollo de la misma».

Empleo y economía

Asimismo señalan que la central nuclear genera actualmente alrededor de 1.000 empleos estables y un total de 2.900 contando los indirectos e inducidos.

«Económicamente para la región el impacto de la central es de 100 millones de euros en tasas, de los cuales 15 millones se reparten directamente entre los pueblos de la zona, con el correspondiente impacto en los servicios públicos de los municipios. Un reciente informe publicado por la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares contempla que el cese y posterior desmantelamiento reduciría el 36% de la población activa de la comarca y una reducción del 55% de los ingresos de los municipios. Este escenario es devastador para la comarca, la provincia de Cáceres y Extremadura en general, puesto que la despoblación y reducción de servicios a los ciudadano comenzaría a afectar a la sociedad».

Por último, señalan que los hechos indicados contribuyen a generar un «descontento general de los trabajadores por la pérdida de empleo, en los vecinos por el impacto en los servicios sociales y en las autoridades de los municipios afectados, puesto que el desmantelamiento pasaría a ser la gestión de una derrota».