La Diputación de Cáceres pone en marcha un nuevo servicio en materia de legalidad urbanística

La vicepresidenta ha explicado que desde este servicio «altamente demandado desde los municipios» se va a dar un soporte jurídico integral sobre esta materia «llevando y trabajando los expedientes» pero también tramitando «peritaciones o informes de todo tipo a un coste cero para los ayuntamientos». Por todo ello, Ruiz Correyero ha destacado «la apuesta que está haciendo esta Diputación Provincial por evitar, en la medida posible, todos esos problemas a esos pequeños ayuntamientos que conforman nuestra provincia para que no se vean quebrantados y que les suponga el menor coste posible, porque un expediente de este tipo de tramitación conlleva muchos gastos y muchos recursos».

Los ayuntamientos interesados en disponer de este servicio deberán aprobar en el Pleno Municipal la delegación, las competencias de disciplina urbanística a la Diputación Provincial, lo cual será recogido en un Convenio que firmarán las dos partes. Tal y como se ha detallado, este servicio no va a tener ningún coste para los ayuntamientos. En el momento en el que las denuncias coercitivas sienten precedente, la Institución Provincial será la responsable de recaudar el 100% de las multas, y el importe se distribuirá de la siguiente forma: un 60% a favor de la Diputación y el 40% a favor de los ayuntamientos, recibiendo la Diputación el 100% de la cantidad impuesta como costas procesales.

El diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales, Javier Prieto, ha informado, por su parte, de las líneas de intervención con las que se busca garantizar la ejecución efectiva de la legalidad urbanística que es competencia de los ayuntamientos.

En ese sentido, y según lo dispuesto en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus), en una primera instancia se abordará la restauración de la legalidad urbanística y la adopción de las medidas que procedan frente a cualquier actuación u omisión en la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, comenzando a trabajar en estas situaciones a partir del 30 de junio de 2024; en segunda instancia, la inspección urbanística, que implica el control urbanístico para verificar que las obras se ajusten a las licencias y para detectar irregularidades en las construcciones, y se desarrollarán procedimientos sancionadores por infracciones urbanísticas, incluso si la actuación se puede legalizar. En los casos en que sea posible, se facilitará el proceso de legalización de estas irregularidades.

Los ayuntamientos que hayan delegado estas competencias en la Diputación Provincial informarán al Servicio de Disciplina Urbanística sobre la irregularidad detectada en sus municipios, que puede haber sido recabada de oficio, por denuncia de un particular o informada por el Seprona. Con esta información, el Servicio de Disciplina Urbanística, en coordinación con las Oficinas Técnicas de Gestión Urbanística, será la responsable de tramitar y resolver los expedientes.