Opinión

Desmantelar Almaraz

Cerrar Almaraz implica aún seguir 15 años más con su desmantelamiento y una larga gestión de sus residuos durante un millón de años para los de alta radiactividad.

Para Adenex cerrar Almaraz, debe cumplir con todas las garantías técnicas, sociales, ambientales, sanitarias y de transparencia informativa, tanto con las poblaciones vecinas como con Portugal, país afectado más directamente. Evidentemente, para el cierre se tiene que tener previsto el almacenamiento seguro de los residuos, herencia mortal de la que las empresas productoras se desentienden e incluso se niegan a financiar.

Según el 7° Plan de Residuos Radiactivos (aprobado por el Gobierno en diciembre 2023), el cierre de Almaraz, y de todas las demás, implica ampliar el cementerio de El Cabril (Córdoba) para albergar los residuos de baja y media radiactividad, así como construir un nuevo ATI exclusivo para lo de alta radiactividad hasta que se tenga el definitivo almacén geológico profundo (AGP) previsto no antes del 2075.

Para Adenex sin estos dos requerimientos (ampliación de El Cabril y un nuevo almacén individualizado in situ) sería imposible cerrar, según lo pactado y aprobado (calendario ordenado 2027-2035, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC), con respecto al funcionamiento útil y siempre incidental e inseguro de la central.

¿Qué implicaciones exige en uno y otro caso?

En primer lugar, tener los estudios rigurosos acerca de las afecciones hidrogeológicas y sísmicas para la ampliación del cementerio de El Cabril y contemplar el riesgo del transporte por carretera desde cada central nuclear. El actual CSN ha informado favorablemente dicha ampliación y exigido garantías de transporte en cuanto al diseño y condiciones de salvaguardia en caso de accidente en el transporte.

En segundo lugar, el nuevo y exclusivo ATI-100, que debe albergar el 100 % de los residuos de alta radiactividad de Almaraz, ahora en consulta en Portugal, debe tener todas las garantías ambientales, sanitarias y constructivas requeridas.

Es decir, que se tenga el estudio científico preciso de sismicidad de la zona, las determinaciones concretas en caso de rotura de la presa de Valdecañas y su incidencia en Portugal, el riesgo de incendio y desde luego el control e inspección permanente durante la construcción del almacén nuclear temporal.

De los estudios efectuados en las zonas de cada central nuclear, para la central de Almaraz no da ningún riesgo sísmico. Otra cuestión es cómo resolver una hipotética rotura de la presa aguas arriba, para lo cual el CSN ha pedido a las empresas propietarias un estudio determinista de todas las medidas a tener en cuenta en ese caso.

Evidentemente, tanto por el río Tajo como por sus repercusiones atmosféricas internacionales durante un largo período de tiempo (hasta finales de siglo), es imprescindible disponer de todas y cada una de las medidas a tomar. Y Portugal debe exigirlas del Gobierno español.

Y desde luego, durante el período de construcción del ATI-100 se deberá tener y disponer de las inspecciones técnicas permanentes que el proyecto debe contemplar, tanto al hábitat de la zona como a la prevención de riesgos y de seguridad sanitaria a la población. El caso de incendio en la situación de emergencia climática es alto no sólo para tenerlo en cuenta durante el período de construcción, sino también para toda la instalación hasta su desmantelamiento definitivo dentro de 50 años…

Adenex, que siempre ha reclamado el cese de una tecnología industrial fracasada y nunca resuelta, como es la de las centrales nucleares, a fin de obtener energía eléctrica y miles de toneladas de residuos letales, el desmantelamiento en seguridad y la permanencia temporal de los mismos exige tanto la financiación precisa por parte de las empresas que los han generado como de la imprescindible eficiencia e inspección de obra por parte del CSN y de ENRESA.

Adenex no solo ha denunciado todas las irregularidades, incidentes, impactos transfronterizos y negligencias de las empresas eléctricas con respecto a Almaraz (cerca de 3.000 contabilizadas incluso en la década de su construcción, donde la información de expertos físicos, ingenieros y empleados de la central han sido claves), también ha incidido en la responsabilidad tanto del CSN como de la Junta de Extremadura. El propio presidente Fernández Vara se comprometió a elaborar un plan propio de desarrollo económico a fin de amortiguar el cierre que nunca cumplió.

Los ayuntamientos, rehenes

Los ayuntamientos de la zona han sido rehenes de la política ocultista y negadora del verdadero funcionamiento de la central nuclear que, siempre en permanente alerta social y económica, nunca ha logrado, por ejemplo, reducir el porcentaje de paro.

La excepción es el municipio de Almaraz que ha dilapidado las ventajas económicas a fin de tener a toda su población en la desgana emprendedora y un oportunismo monetario sin finalidad que ahora debe remontar, de igual manera que el resto de localidades de la comarca de Campo Arañuelo.