Una denuncia en Navalmoral permite desarticular un grupo dedicado a cometer estafas

La Guardia Civil ha esclarecido distintos delitos de estafa por un importe total de 350.000 euros. Además, ha detenido a cuatro personas e investigado a otras dos en las provincias de Alicante y Murcia. Los agentes han localizado y recuperado 1.500 kilogramos de productos adquiridos fraudulentamente..

Según se dice en una nota de prensa, la investigación comenzó hace mas de un año, cuando una empresa de frutos secos de Navalmoral denunció el impago de una partida de mercancía suministrada.

La investigación evidenció que la empresa morala había sido objeto de varios delitos de estafa por un importe total de 116.000 euros y desprendió que la autoría recaía en un grupo de personas que usurpaban la personalidad de distintos administradores o encargados de empresas solventes y realizaban pedidos a nombre de estas que no llegaban a pagar.

Cuando vencía el tiempo de pago, la empresa suministradora no podía reclamar las cantidades debido a la imposibilidad de contactar con los contratantes. Al reclamar el pago directamente a las supuestas empresas implicadas, las mismas desconocían de la adquisición de dichos pedidos y del hecho de que hubieran utilizado y usurpado su identidad jurídica.

La actividad delictiva del grupo, explica la Guardia Civil, se centraba en pedidos de productos comestibles poco perecederos, como frutos secos (pistachos, anacardos, almendras, nueces) o alimentos envasados (harinas, tomate), solicitando grandes cantidades, de entre 3 y 4 toneladas de peso por pedido.

Las líneas de investigación desarrolladas evidenciaron que el destino de estas mercancías habían sido distintas ubicaciones en las provincias de Murcia y Alicante, para cuyo porte contrataron y subcontrataron todo un entramado de empresas de transportes.

Trasvases durante los trayectos

Los agentes pudieron comprobar la realización de trasvases durante los trayectos, siendo los propios conductores los que, en última instancia, recibían instrucciones telefónicas para que cambiaran el lugar de descarga del género. En esta ubicación final, otra persona era la encargada de recoger la mercancía firmando los albaranes, para lo cual usurpaba la personalidad de un tercero haciendo uso del número de su DNI.

Tras la recepción, los productos eran depositados en pequeños almacenes de las provincias indicadass. Desde allí, rápidamente eran distribuidos a supermercados de la zona. Durante las inspecciones, los responsables de estos establecimientos no pudieron aportar datos de trazabilidad y por tanto, no pudieron acreditar su lícita procedencia.

La investigación ha permitido conocer la existencia, a nivel nacional, de otras empresas del sector afectadas en las provincias de Sevilla, Toledo, y en Asturias.