El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz y deja la decisión definitiva en manos del Gobierno

La decisión se apoya, según el regulador, en la comprobación del correcto funcionamiento de la instalación y en el mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad. El dictamen se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas del Consejo, que han analizado aspectos como el envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad, el plan de gestión de vida o la calificación ambiental de sus equipos.

El informe es preceptivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda resolver la solicitud. Aunque un pronunciamiento favorable no obliga al Gobierno a conceder la ampliación, sus conclusiones sí son vinculantes cuando el dictamen es negativo o cuando establece límites y condiciones de seguridad. El aval elimina así el principal obstáculo técnico, pero deja en manos del Ejecutivo la decisión política y energética definitiva.

Mayor seguridad

El CSN propone mantener, en términos generales, los límites y condiciones de la autorización vigente, aunque introduce dos modificaciones técnicas y una nueva exigencia. En concreto, obliga a las propietarias a garantizar entre 2028 y 2030 márgenes adecuados de personal por encima de la dotación mínima en los puestos relacionados con la seguridad.

El regulador también ha evaluado la capacidad de la central para gestionar el combustible nuclear gastado hasta 2030. Su conclusión es que la capacidad ya existente, junto con la incorporación del nuevo almacén temporal individualizado ATI-100 en construcción, ofrece una solución suficiente hasta la fecha solicitada. El análisis ha incluido asimismo la protección contra incendios y el cumplimiento de los planes de acción derivados de la revisión periódica de seguridad realizada en 2020.

La decisión traslada ahora toda la presión al Gobierno. Será el Ministerio para la Transición Ecológica el que deba resolver si autoriza la continuidad de Almaraz hasta 2030 o mantiene las fechas de cierre actualmente vigentes. Para formalizar la ampliación, deberá modificar la autorización de explotación de la central.

Almaraz I tiene permiso para operar hasta el 1 de noviembre de 2027, mientras que la autorización de Almaraz II vence el 31 de octubre de 2028. Las actuales licencias quedaron limitadas a siete y ocho años, respectivamente, pese a que la revisión periódica de seguridad examinó un periodo completo de diez años.

La solicitud de modificación fue presentada en 2025 por las empresas propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y afecta a las dos unidades. Tras recibirla, el Ministerio pidió al CSN el informe preceptivo previsto en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

El respaldo del CSN era el escenario que descontaba el sector. Los análisis anteriores ya habían avalado el funcionamiento seguro de la instalación durante el periodo estudiado y las compañías defendían que un criterio diferente habría sido difícil de justificar desde el punto de vista regulatorio.

Pendientes del Gobierno

Aun así, el expediente entra ahora en su fase más incierta. El debate deja de centrarse en la seguridad nuclear para convertirse en una decisión política y energética. Hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido que el calendario vigente, que contempla el cierre escalonado de los siete reactores españoles entre 2027 y 2035, continúa siendo la hoja de ruta oficial.

Ese calendario forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del protocolo acordado en 2019 entre las eléctricas propietarias del parque nuclear y Enresa. Almaraz es la primera central que debería cerrar conforme a ese plan, por lo que cualquier modificación podría sentar un precedente para el resto de las instalaciones.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha evitado comprometerse públicamente con la prórroga y ha insistido en que cualquier decisión debe respetar el procedimiento legal, apoyarse en los informes técnicos y tener en cuenta la planificación energética y la seguridad del suministro.

La eventual continuidad de Almaraz hasta 2030 coincidiría además con el vencimiento de las autorizaciones de explotación de Cofrentes y Ascó I. Una revisión de las fechas de la central extremeña podría, por tanto, reabrir el debate sobre el conjunto del calendario de cierre nuclear español.