Condenado a tres años de cárcel un ginecólogo del hospital Campo Arañuelo

La sentencia, dictada en enero, ratifica la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia y considera al médico responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave tras una cesárea realizada en 2016 en el hospital moralo, cuya actuación derivó en graves complicaciones para la paciente.

Los hechos probados se remontan a la tarde del 5 de septiembre de 2016, cuando el acusado practicó una cesárea a una mujer embarazada de 39 semanas. Durante el procedimiento, se produjo una hemorragia en el útero que el médico creyó haber controlado antes de cerrar la intervención.

Sin embargo, al salir del quirófano, el estado de la mujer comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Pero, a pesar de que las constantes vitales de la paciente cayeron a niveles críticos y las analíticas indicaban que sufría un shock hemorrágico, el médico no diagnosticó correctamente la situación ni adoptó las medidas urgentes necesarias, rechazando incluso la realización de pruebas que reclamaban otros facultativos.

La sentencia es contundente al describir la actitud del profesional, señalando que actuó «obviando de forma inexcusable las normas y deberes técnicos más elementales previstos en la 'lex artis' de su profesión».

El tribunal destaca que el acusado, «pese a conocer todos los datos clínicos negó que la paciente se encontrara en ese estado de shock hemorrágico, llegando al diagnóstico de que la perjudicada no sangraba y estaba estable».

Ignoró a sus compañeros

Mantuvo su postura incluso después de que un internista de guardia, tras observar la palidez e hipotensión de la paciente, concluyera que se trataba de una emergencia vital.

De hecho, uno de los puntos más graves resaltados por la Audiencia es la resistencia del condenado a aceptar las advertencias de otros especialistas. Hasta cinco médicos (un internista, una cirujana, un anestesista, el jefe de guardia y otra anestesista) coincidieron en el diagnóstico de shock hemorrágico y en la necesidad de realizar una laparotomía exploratoria urgente. Pero el acusado, dice el tribunal, «desoyó a sus compañeros que unánimemente coincidían en el diagnóstico» y se negó a intervenir de nuevo.

Pese a ello decidieron entrar en quirófano sin el consentimiento del acusado sobre las 21.30 h. de ese día. Constataron el desgarro en el útero provocado durante la cesárea y practicaron una «histerectomía subtotal», esto es la extirpación de la mayor parte del útero, para salvar la vida de la paciente.

Tortuoso camino procesal

La resolución judicial también pone de relieve el tortuoso camino procesal, que se ha alargado durante ocho años debido, en gran parte, a las maniobras del acusado y rechaza por eso las supuestas dilaciones indebidas en el proceso que la defensa del condenado recogía en su recurso de apelación.

De hecho, el tribunal denuncia que el médico «ha impedido por todos los medios que se celebrara el juicio», llegando a tener hasta ocho designaciones de letrados de oficio por renuncias sucesivas, lo que califican como un «evidente fraude de ley».

Tampoco atiende la atenuante de reparación del daño, ya que la indemnización a la paciente fue abonada por la aseguradora y no por el propio acusado. Por eso, además de la pena de cárcel e inhabilitación, confirma la indemnización de 240.000 euros para la víctima, cantidad que ya ha sido satisfecha por la aseguradora del Servicio Extremeño de Salud.