Cerca de 40 poblaciones apoyan la reivindicación para soterrar las vías

El PP ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar, de nuevo, la problemática del paso del tren de alta velocidad por el casco urbano, con el fin de instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo las actuaciones que se aprobaron en su día para tratar de paralizar el proyecto en superficie y exigir al Ministerio de Fomento el soterramiento de las vías, como han apoyado 37 poblaciones.

Lo anunció el miércoles el portavoz municipal, Jaime Vega, acompañado por representantes del PP de Talavera de la Reina, con quienes comparten demanda y han formado un frente común para reivindicarlo «por el perjuicio irreversible que sufrirán ambas ciudades si no hay soterramiento. Y hay pocas perspectivas de conseguirlo».

Una petición que basa en un documento que calificó como «histórico y aséptico», que arranca en el año 2017, con una moción mostrando la conformidad del equipo de gobierno con el trazado en superficie –«aunque afortunadamente la Corporación cambió dos años después apostando por el soterramiento»– para continuar repasando cronológicamente la movilización ciudadana, en especial de la plataforma No al Muro; los distintos plenos celebrados y los acuerdos adoptados o los documentos elaborados por profesionales, entidades y colectivos coincidiendo en el perjuicio que va a suponer el proyecto previsto.

Ahí hizo especial hincapié en los incumplimientos por parte de la alcaldesa de los acuerdos plenarios para defender el soterramiento –«y no hay nada más antidemocrático», apuntó– y en el informe negativo que emitió en su día el arquitecto municipal rechazando el proyecto en superficie, que cree podría servir de base para paralizar su licitación y posterior ejecución «si hubiera voluntad política».

Han arrojado la toalla

Pero no la hay porque, en su opinión, el PSOE «ha arrojado la toalla» tanto en Navalmoral como en Talavera, como dijo el portavoz popular de esa ciudad, Santiago Serrano, culpando a la alcaldesa, igual que a la de Navalmoral, de «no defender los intereses de sus vecinos al no alzar la voz ante su partido».

En su caso recordó que en el año 2007 se firmó un convenio entre distintas instituciones por el que la diferencia económica que supusiera el soterramiento sería asumida por la Junta de Castilla-La Mancha. Igual que creen podría hacer la Junta de Extremadura si hubiera solicitado alguno de los 6.670 millones de euros que hay para mejorar infraestructuras ferroviarias, «pero no lo ha hecho».

En varias ocasiones Jaime Vega fue muy crítico con el diputado socialista César Ramos, a quien culpó del informe de viabilidad emitido por Adif para descartar el soterramiento.

Para terminar, ambos portavoces insistieron en que harán lo posible para que no se ejecute el proyecto en superficie, pidiéndolo incluso en el Congreso, y en recuperar para Talavera la inversión prevista para el tren por el Gobierno de Rajoy «que el PSOE ha dejado a 0 en los presupuestos del 2022».

«El tren es una deuda histórica con Extremadura y Castilla-La Mancha, las regiones con peores comunicaciones ferroviarias, y es de sentido común que sea soterrado para no impedir el desarrollo de dos poblaciones tan importantes», dijeron.