De la central nuclear de Almaraz a la Isla de Valdecañas: dislates o disparates

El Gobierno del presidente Zapatero, con la ministra Narbona al frente del ministerio de Medio Ambiente, se propuso limitar la vida útil de las centrales nucleares. De la ministra Narbona he de decir que en un semanal del diario Público calificaba al uranio como combustible fósil, probablemente por confundir fósil con físil. Supongo que habrá aprendido cuál es la diferencia en su cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear que ocupó posteriormente. Fiel a su ideología, y sin hacer caso a informes técnicos que no se oponían a la continuidad de la central, su segundo Gobierno decretó el cierre de la de Garoña para el año 2013.

En la siguiente legislatura comenzó a gobernar el presidente Rajoy que anuló la orden de cierre de dicha central al tiempo que aprobaba la ley 15/2012 que obligaba a las centrales nucleares al pago de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos en el combustible nuclear gastado. Garoña cerró. El nuevo impuesto la hacía económicamente inviable.

Ese impuesto supone para la central de Almaraz coste anual del orden de ochenta millones de euros como media. A este impuesto habrá que añadir alrededor de otros ochenta y tantos millones de euros por la llamada ecotasa, declarada legal hace unos meses por el Tribunal Constitucional.

No sé a cuanto ascenderán el resto de impuestos (IBI, Actividades Industriales, IVA, ENRESA, etc.) aparte de los gastos de personal propio y de contrata, recargas, materiales de modificaciones, reparaciones etc. y desconozco sus ingresos. Lo que sé es que el presidente de una de las compañías propietarias ha manifestado en más de una ocasión que no tiene ningún interés en mantener la instalación en funcionamiento porque no resulta rentable –o le parece poco rentable– y no quiere invertir en ella ni un céntimo más viviendo en la inseguridad de que en cualquier momento se obligue directamente a un cierre por decreto antes de haber recuperado lo que haya tenido que invertir, o indirectamente, vía nuevas requisitorias que supongan mayores gastos o disminución de ingresos.

Los presidentes de cualquier sociedad anónima miran en las cuentas si se gana o no se gana dinero. Si pierden –o estiman que ganan poco– cierran. Cara al público se mostrarán más o menos compungidos, pero cerrar cierran. En Navalmoral ya tenemos experiencia.

No nos llamemos a engaño: podemos manifestarnos para pedir la continuidad de la central; podemos pedir que no se cierre hasta que no haya alternativas de empleo en la zona; podemos pedir la Luna. Pero si nuestros gobernantes, actuales o futuros, no ofrecen una seguridad de continuidad o se empeñan en ordeñar la vaca hasta dejarla seca, podemos imaginar dónde irán a parar todas nuestras peticiones.

Hace años un grupo ecologista pretendía poner un límite de velocidad de 60 Km/hora en todas las carreteras extremeñas para protección de los erizos –eran muchos los atropellados– y que se declararan zonas protegidas como áreas de conservación de la biodiversidad las cunetas de las carreteras para preservar su fauna.

Isla de Valdecañas

Hoy se proponen eliminar unos ochenta puestos de trabajo porque dentro de las siete mil cuatrocientas cincuenta y nueve hectáreas de la ZEPA (Zona de especial protección para las aves) de Valdecañas se han urbanizado ciento cincuenta y cinco de un terreno del que dice un informe del CIS que «antes de las obras, no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros hábitats terrestres abundantes en el entorno de la zepa», terreno que estaba ocupado por retoños de eucaliptos, retama, monte bajo y vertedero ilegal, en el que, si bien no hay un estudio que diga qué aves había antes de que fuera urbanizado, se ha cometido un tremendo atropello sobre las que a lo mejor había: desde 2012 cuentan con un 2,08% de ZEPA menos en las riberas del embalse de Valdecañas para su uso exclusivo. Y sin apoyo psicológico para superar el trauma.

¿Se estarán equivocando los defensores a ultranza de la ZEPA? Los jueces les dan la razón al aplicar la ley, pero las leyes no siempre son justas ni perfectas.

El INE aún no ha publicado los datos demográficos de 2018, pero podemos hacernos una idea viendo la pérdida de población que ha habido en Extremadura en los años anteriores. En 2016 la población disminuyó en siete mil ochocientas cincuenta y ocho personas y en 2017 en siete mil cincuenta y siete. Desde 2012 a 2017 se ha perdido una población de treinta y un mil ciento cuarenta y una personas. Personas que dejan su territorio y sus nidos. Muchas de ellas para siempre.

A lo mejor debería haber menos ZEPA y más ZEPE (zona de especial protección para los extremeños).