El Campo Arañuelo celebra de forma contenida la prórroga de la CNA

La alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, consideró que «hay que seguir luchando» por la prórroga de diez años para la central nuclear «siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena».

«Si llegamos a 2027 y a 2028 no es lo que se pedía ni se cumplen plenamente los objetivos, pero nos quedamos a año y medio de los diez años que queríamos. Yo creo que hay que seguir luchando por esos diez años siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena», apuntó la primera edil.

Para la alcaldesa de Navalmoral, Raquel Medina, el acuerdo al que han llegado las empresas sobre Almaraz es para estar contentos, «pero también comedidos. Hay que estar esperanzados y ser positivos, sin caer en el conformismo y la inactividad. Nos da un margen para seguir trabajando como lo venimos haciendo todos los colectivos y administraciones implicados. Unos más que otros, también tengo que decirlo, porque para mí hay unos criterios más éticos que otros».

En ese sentido Medina insiste en el llamamiento a la unidad que repite desde hace meses: unidad de la plataforma, del comité de empresa, de los trabajadores y trabajadoras, de la ciudadanía de la comarca, de las administraciones y de los partidos políticos «para seguir con la reivindicación y la lucha que hemos iniciado para buscar opciones que acompañen a la continuidad de Almaraz para la industrialización del Campo Arañuelo».

Para terminar, la alcaldesa morala advierte que no se puede caer en la relajación, «echarlo en un cajón y no acordarnos hasta dentro de cinco o seis años, cuando volvamos a ver las orejas al lobo. Es una oportunidad que se nos da para trabajar por el futuro de esta comarca y no debemos perderla ni dejarla pasar. Tenemos que seguir activos, insistentes y reivindicativos para no caer en el conformismo, que es lo peor que podemos hacer».

También pedimos una valoración a David González, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo Arañuelo, para quien el acuerdo de las propietarias de la CNA para solicitar ampliar su actividad siete años más, «fuera del debate del mix energético o del precio de la luz al consumidor, y visto desde un punto de vista puramente de negocio, lo lógico es que el negocio se prolongue lo más posible en el tiempo».

En ese sentido se pregunta que si la energía nuclear es rentable en Francia o en Estados Unidos, ¿por qué no lo es en España?. «El problema de fondo es que ya no será un negocio por imposiciones del Gobierno actual», afirma.

En su opinión, al final siempre pierden los mismos. «Las empresas producirán energía con garantía de beneficios, el Gobierno propondrá este tiempo como transición y la ciudadanía será la que asuma los costes del recibo de la luz y de la pérdida socioeconómica que genera una industria de estas características».

Los trabajadores

Por su parte, los trabajadores saben que tendrán un respiro pero más corto del anhelado. El presidente del comité de empresa, César Vizcaíno, hizo una valoración agridulce del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de la planta para que funcione, al menos hasta el año 2027, porque si bien consideran «importantísimo» ese paso, no cumple sus expectativas de conseguir diez años de prórroga.

«Tenemos que reunirnos para hacer una valoración exhaustiva de ese documento, manifestó a HOY. Pero en principio entendemos que la noticia es buena, porque se planteaba la duda de si solicitar la licencia solo por cuatro años o incluso dejar que cumpliese el plazo y no solicitarla, lo que hubiera sido una catástrofe para la zona al tener que cerrar en mayo o junio del 2020. En ese sentido estamos contentos porque ha habido acuerdo y habrá solicitud. Pero no estamos tan contentos en cuanto a los plazos, porque no cumplen las expectativas que teníamos de diez años más de actividad».

A la espera de esa reunión de los representantes sindicales, Vizcaíno avanzó que el comité mantiene las movilizaciones previstas hasta que el documento esté sellado en el Ministerio para la Transición Ecológica. Lo mismo ha dicho la plataforma ciudadana Vida, que mantiene la manifestación del próximo jueves en Navalmoral.

«El acuerdo al que han llegado las propietarias es un fracaso, ya que nosotros lo que reivindicábamos era la continuidad como mínimo de diez años y no lo hemos conseguido. Creemos que en este periodo de tiempo no se puede hacer un proyecto alternativo a la central», argumentó su portavoz, Juan Manuel Fernández.

Dirección de la CNA

Del lado de la dirección de la central se pone el acento en que estará operando con «los más altos estándares de seguridad y fiabilidad» hasta octubre de 2028, fin del periodo de la renovación que marcarán las empresas propietarias.

Fuentes de la dirección de la CNA manifestaron que los estudios que acompañan a esta solicitud y, en concreto, la revisión periódica de seguridad ponen de manifiesto «el buen estado de la planta desde el punto de vista de seguridad para afrontar este nuevo periodo de explotación».

Fernández Vara y Monago

En Mérida, la noticia da un respiro al Gobierno extremeño, que ha aprovechado para tratar de dejar en evidencia el discurso que ha mantenido el PP en este asunto. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, considera que los que llevan meses «asustando y engañando» a la población con el inmediato cierre de la central, «deberían pedir perdón». En su perfil en una red social, agregó: «La verdad que convierte en mentiras las pronunciadas a lo largo de meses por algunos desesperados».

Los populares, por su parte, no quieren lanzar las campanas al vuelo e insisten en que ya hay inversores interesados en cerrar Almaraz. Su líder, José Antonio Monago, pidió cautela ante el acuerdo alcanzado, pues, a su juicio, «hay mucha gente interesada en cerrar» esta planta. «El primero, Guillermo Fernández Vara, así como un grupo de empresarios que están firmando contratos de terrenos en más de 1.000 hectáreas para poner 1.000 megavatios en renovables«.

Greenpeace

Por último, calificó la prórroga como «un acuerdo para salir del paso». Añadió además que la decisión final «tendría que recaer sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, que tendría que ser riguroso».