

Los vecinos de las calles afectadas por el cambio de nombre, para cumplir la Ley de Memoria Histórica, ya pueden conocer la nueva denominación que tendrá la vía donde residen o tienen sus negocios. En total, 17 calles, un paseo y una plaza. Los nombres a sustituir y los nuevos se publicaron la pasada semana en el Boletín Oficial de la Provincia mediante un anuncio dirigido a los interesados para su «general conocimiento».
En el mismo se recuerda que el pleno celebrado el pasado 9 de diciembre acordó cambiar el nombre de esas calles, según el expediente de la modificación del callejero municipal, en cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, «por la que se reconocen y amplían derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, y de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura».
Así al Comandante Vázquez le sustituirá otro comandante mucho más reciente, éste de la Guardia Civil, Juan Andrés Yáñez, fallecido hace varios años. A García Morato, el filósofo Andrés Sánchez Pascual; a Ruiz de Alda, la joven Tamara Simón, asesinada por su pareja; al General Aranda el historiador, también fallecido, José Bueno Rocha; a Sanz Catalá la escritora Pilar Galán; a Queipo de Llano, Victorio Casado; a Luis Julve, Julio Romero; a Agustín Carreño, el periodista Jesús Rubio; a Calvo Sotelo, el médico Sadí de Buen; a Ramón Franco, Trabajadoras de Fuentecapala; a Capitán Haya, Dori Carrasco; a Regimiento Argel, Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil; a Teniente Campos Villa, doctor Pittaluga; a Puga Noguerol, Ramón González Cid; a General Sanjurjo, Ignacio Mateos Guija, y a Onésimo Redondo, Josefina Triguero Agudo.
La relación se completa con la plaza Sánchez Arjona, que pasa a llamarse de Pepe Vizcaíno, y el paseo de los Mártires, ahora Santiago González Martín.
Impugnación por Carreño
De todos los nombres a reemplazar el que más controversia ha suscitado es, sin duda, el de Agustín Carreño, pediatra de profesión y alcalde entre 1942 a 1957 y cuya familia ha impugnado judicialmente la decisión municipal por entender que se ha hecho un uso inadecuado de la ley, al asegurar que «jamás exaltó ni auspició ninguna sublevación ni acto de represión, sino todo lo contrario».
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