El Ayuntamiento de Tiétar gana un contencioso que se prolongaba desde 2006

El conflicto arrancó desde la concesión de la licencia de obras para construir la planta fotovoltaica ubicada en la población. El Ayuntamiento giró los impuestos municipales tomando como base imponible el presupuesto de la obra civil, dado que era el que presentó la empresa promotora. Sin embargo poco después tuvo conocimiento de otro presupuesto mayor, que incluía no solo las obras civiles sino también los elementos y la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la planta.

Ante esa situación, giró tres liquidaciones definitivas que corregían las anteriores: una, en concepto de tasa por otorgamiento de licencia urbanística, por importe de 60.844,68 euros; otra por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de 153.047,70 euros, y una última por el canon de aprovechamiento urbanístico, de 117.729 euros.

Se inició así una larga batalla judicial que, en principio, se decantó del lado de la empresa, puesto que los tribunales establecieron que para modificar el importe de la base imponible de los impuestos municipales «era necesario tramitar, con carácter previo, un expediente de comprobación de valores».

Así lo hizo el Ayuntamiento, que sufrió un segundo tropiezo judicial cuando se le indicó que había tramitado la comprobación de valores fuera del plazo de 6 meses previsto legalmente.

«Este segundo fallo en contra no desalentó ni al Ayuntamiento ni a su alcalde, Luis Perona, que siempre confió en que le asistía la razón y la ley», se dice.

Posteriormente, tras asumir la defensa municipal el letrado Óscar Jiménez, del bufete Gómez Esteban y Jiménez Moriano, obtuvo por primera vez un pronunciamiento favorable a sus intereses. Sin embargo, Energías del Tiétar recurrió una y otra vez las sentencias hasta agotar todas las instancias judiciales, llegando al Tribunal Supremo, que tras un peregrinaje judicial de 14 años ha respaldado la validez de los tributos municipales.

Por vía de apremio

En paralelo, el Ayuntamiento confió la vía de apremio al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, que acordó el embargo de la finca donde se ubica la fotovoltaica. Ante la posibilidad de perder en subasta la propiedad de la finca, los impulsores de la planta han abonado recientemente los tributos reclamados, 331.620 euros, el importe de las cuotas más los intereses.