El Ayuntamiento saca a concurso la contratación de un gabinete jurídico

En la memoria justificativa del expediente de contratación se explica que el Ayuntamiento moralo «carece en la actualidad de un servicio jurídico propio servido por un letrado municipal. Dado el elevado volumen de la actividad municipal, y consecuentemente con ello, el elevado número de acciones que se ve obligado a deducir en defensa de sus propios intereses y de las demandas a las que ha de hacer frente ante la impugnación por terceros de sus actuaciones –actos, acuerdos y resoluciones- en los órdenes jurisdiccionales señalados, y especialmente en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, resulta conveniente una contratación de carácter global de estos servicios de defensa en juicio y asesoría jurídica, en lugar de la realización de encargos puntuales».

Para optar al mismo los interesados debían acreditar solvencia económica y financiera, pero también solvencia técnica o profesional, al tratarse de un asunto muy especializado.

De hecho se dice expresamente que se dirige a despachos profesionales de abogados, con una antigüedad mínima de colegiación de diez años y experiencia acreditada en el campo de lo contencioso administrativo en general, y especialmente, en los ámbitos Urbanístico, Expropiaciones, Función Pública, Sancionador, Contratación Administrativa, Responsabilidad Patrimonial y Tributario, así como en el campo de lo Civil, Laboral y Penal.

Criterios de adjudicación

En cuanto a los criterios de adjudicación que debe aplicar la mesa de contratación el máximo porcentaje será la oferta más económica, de 0 a 60 puntos, correspondiendo el resto a la experiencia profesional, de 0 a 30, y a mejoras en la calidad del servicio, de 0 a 10.