García Toro en el parque de Los Colorines / MAM

El Ayuntamiento niega indefensión del encargado de Obras

Asegura que se ofreció a Martín García Toro la asistencia letrada de los servicios jurídicos, pero que la rechazó

Miguel Ángel Marcos
MIGUEL ÁNGEL MARCOS

El Ayuntamiento de Navalmoral asegura que no ha existido indefensión alguna en el caso del encargado municipal de Obras, Martín García Toro, que la pasada semana mostró su malestar a través de HOY porque el Consistorio no sufrague los costes de un proceso judicial iniciado por él tras sufrir una agresión por parte del marido de una trabajadora eventual ejerciendo sus funciones laborales.

El Consistorio explica que se le ofreció la asistencia letrada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, «tal y como recoge el informe emitido por el Gabinete Jurídico incluido en el expediente por el que tuvo que resolver la cuestión la Junta de Gobierno Local. Se trata del procedimiento habitual de esta Administración, ofrecer la asistencia letrada del gabinete a todos los trabajadores y trabajadoras que se ven implicados en un procedimiento judicial derivado de las funciones propias de su desempeño laboral».

Es más, desvela que no ha sido la primera vez que se ha ofrecido a García Toro la prestación de este servicio, «ya que tras otro conflicto, también con violencia física, se puso al Gabinete a su entera disposición, el cual también fue rechazado».

Asimismo se dice que la Junta de Gobierno resolvió conforme al criterio establecido por el Gabinete Jurídico en el informe emitido ante la consulta planteada por el Consistorio y en el que se indica, literalmente, que «a la vista de la documentación, consideramos que lo procedente hubiera sido que solicitara la asistencia jurídica al Ayuntamiento, no el abono de las facturas de un abogado de su elección».

La nota municipal añade, para terminar, que del procedimiento se deduce que «ya le han pagado. La sentencia excluye las costas de la acusación particular porque ya les fueron satisfechas. Es decir, el señor García Toro decidió contratar los servicios de un abogado y abonar sus costes por las razones que, entendiera, mejor convenían a su defensa, sin consulta al Ayuntamiento respecto a las consecuencias jurídico-administrativas derivadas de tal decisión».