El Ayuntamiento denuncia ante la Inspección de Trabajo las últimas obras del tren

A la denuncia presentada en los tribunales contra Adif por el director del instituto Zurbarán, Roberto Correas, por la situación creada tras el cierre del paso a nivel por el que accedían al centro buena parte de sus alumnos, se ha unido la remitida por el Ayuntamiento a la Inspección de Trabajo tras detectar «graves deficiencias en seguridad», como la falta de barandillas, iluminación insuficiente y accesos inseguros.

Así lo avanzó el miércoles el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Francisco Javier Porras, el más beligerante de los integrantes del Gobierno municipal con el desarrollo de las obras del tren de altas prestaciones en el casco urbano.

Porras denunció, una vez más, los problemas derivados de esas obras, «que han generado un impacto negativo en la movilidad de vecinos, centros educativos e instalaciones deportivas», hablando de «mentiras, engaños o tomadura de pelo» al Ayuntamiento y a los ciudadanos al no tener las actuaciones que les prometieron antes de cerrar los dos pasos a nivel.

De ahí que el Ayuntamiento «estudie emprender acciones legales» para exigir las correcciones necesarias, pero cuando tenga todas las pruebas que lo sustenten, aunque ya disponen de bastante documentación, y no solo de estos días, sino desde que les anunciaron el pasado 26 de febrero que se iban a cerrar los pasos sin las medidas comprometidas.

Entre ellas unas escaleras para subir y bajar al acceso peatonal del nuevo puente sobre la carretera Nacional V del barrio de La Paz o una acera en el arcén derecho de la carretera de Rosalejo en dirección a esa población frente al barrio de Navarrosa, iniciados después del cierre.

También el alcalde, Enrique Hueso, mostró su indignación por la situación y su impotencia por no poder hace nadar frente a la Ley Ferroviaria, toda vez que intentaron retrasar el cierre definitivo de los pasos para «minimizar las molestias, pero Adif estableció fechas inamovibles sin contemplar medidas adecuadas para mitigar los efectos en la ciudadanía».

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